Marco Ramiro Lobo, diputado electo por el Partido Libre, rechazó los señalamientos sobre un supuesto juicio político contra el fiscal general, considerándolo una "mala señal" de los nacionalistas que anticiparía desarticulación de instituciones anticorrupción bajo el próximo gobierno de Nasry Asfura. El abogado, exmagistrado suplente del TSE con trayectoria crítica en fraudes electorales de 2017, defendió la gestión del Ministerio Público por su intención de combatir la delincuencia organizada. Sus declaraciones se dan en medio de tensiones pre-congresionales, donde Libre denuncia intentos de control institucional.
Contexto de las acusaciones contra el Fiscal
La controversia surge tras denuncias del Partido Nacional sobre presuntas omisiones del fiscal general Oswaldo Chinchilla en investigaciones de corrupción del gobierno saliente de Xiomara Castro, incluyendo el caso del "Informe de Fraude Electoral 2025". Nacionalistas exigen rendición de cuentas, mientras Lobo argumenta que tales maniobras buscan debilitar la depuración penal iniciada en 2022, particularmente contra redes narcoestatales vinculadas a Libre. El fiscal ha enfrentado presiones cruzadas durante la transición del 27 de enero.
Trayectoria de Marco Ramiro Lobo
Lobo, originario de Olancho y actual alcalde de Catacamas, saltó a notoriedad como magistrado del TSE en 2017, abogando por recuento total de votos ante irregularidades que favorecieron a Juan Orlando Hernández. Electo diputado Libre para 2026-2030, integra la bancada de 30 curules que cuestiona resultados electorales ajustados (PN: 49, PL: 41). Su postura refleja la línea dura de Libre contra lo que percibe como regresión institucional post-2025.
Implicaciones para la transición política
Las declaraciones de Lobo coinciden con diálogos PN-PL sin acuerdos por la presidencia congressional (Tomás Zambrano vs. Yuri Sabas/Marlon Lara), donde Libre queda marginado. Analistas ven en la defensa del fiscal un intento de Libre por posicionarse como garante de Estado de Derecho ante la posesión de Asfura, anticipando choques por reformas judiciales y depuración policial en el nuevo Congreso que inicia el 25 de enero.