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De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al segundo trimestre de 2025 (abril-junio), la situación laboral en México sigue marcada por altos niveles de precariedad. La Población Económicamente Activa (PEA) se estima en 61.3 millones de personas en agosto de 2025, lo que representa una disminución de 274 mil personas respecto al mismo mes de 2024, señalando una desaceleración en la dinámica económica. La tasa de informalidad laboral alcanzó el 54.8% en este periodo, un ligero aumento desde el 54.3% registrado en el mismo trimestre de 2024, afectando a aproximadamente 32.6 millones de trabajadores. Esta informalidad se desglosa en: 27.8% en el sector informal puro, 13.5% en empresas, gobierno e instituciones privadas con actividades no agropecuarias, y el resto en otras modalidades como servicio doméstico remunerado o agricultura de subsistencia.
En términos de trabajo digno, el universo de personas sin acceso a condiciones decentes supera los 36 millones, alineándose con la cifra mencionada en la consulta inicial. Específicamente, 22.9 millones de ocupados (38.5% de la fuerza laboral) perciben hasta un salario mínimo, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas. Además, 32.9 millones de trabajadores reportaron ingresos insuficientes en el primer trimestre de 2025 para adquirir una canasta básica de dos adultos y dos menores, un aumento de 2.5 millones respecto a los niveles post-pandemia de COVID-19. La falta de seguridad social persiste como el principal indicador de precariedad: el 60% de la población ocupada (alrededor de 35.1-35.6 millones) carece de afiliación a instituciones como el IMSS o ISSSTE, una reducción mínima de solo 5 puntos porcentuales en las últimas dos décadas.
A continuación, una tabla comparativa de tendencias clave de la ENOE (basada en datos trimestrales de 2024 vs. 2025):
| Indicador | Q2 2024 | Q2 2025 | Variación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de Informalidad Laboral | 54.3% | 54.8% | +0.5 pp | INEGI ENOE |
| Población Ocupada Informal (millones) | ~32.0 | 32.6 | +0.6M | INEGI ENOE |
| Ocupados sin Seguridad Social (%) | ~55% | 60% | +5 pp (tendencia 20 años) | ACFP/ENOE |
| Ingresos Insuficientes (millones) | 30.4 | 32.9 | +2.5M | Infobae |
| Salario Mínimo o Menos (%) | 37.2% | 38.5% | +1.3 pp | El Economista |
Estos datos confirman que el empleo en México genera más pobreza que prosperidad, con un estancamiento en la formalización pese al crecimiento económico reportado.
La Informalidad Laboral: Causas y Consecuencias
La informalidad no solo implica ausencia de contratos formales, sino también exposición a riesgos sin protección: accidentes laborales sin indemnización, falta de atención médica y pensiones inexistentes. En México, este fenómeno se concentra en sectores como el comercio ambulante, la agricultura y el servicio doméstico, donde el 54% de los trabajadores opera sin derechos básicos. La pobreza laboral, medida por el CONEVAL, afecta al 36.3% de la población en 2024 (datos preliminares para 2025 pendientes), y se vincula directamente a la falta de seguridad social, que representa el 60% de los casos de pobreza multidimensional. Expertos como México ¿Cómo Vamos? destacan que esta "trampa informal" perpetúa la desigualdad, con mujeres y jóvenes indígenas siendo los más vulnerables (hasta 70% de informalidad en estos grupos).
Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2025: Temas y Actividades en México
El 7 de octubre de 2025 se conmemora la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, promovida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) desde 2008, con el lema "Hacia un Futuro Laboral Justo: Democracia que Trabaja para Todos". En México, el enfoque se centra en combatir la precariedad post-pandemia y las amenazas a los derechos sindicales, alineado con la Agenda 2030 de la OIT. Actividades incluyen:
- Movilizaciones sindicales: La Unión Sindical Obrera (USO) y la CSI organizan marchas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, demandando reorientar el gasto militar hacia salud, educación y empleo digno. Se estiman miles de participantes en actos que incluyen paros simbólicos y foros sobre igualdad de género en el trabajo.
- Eventos virtuales y culturales: Colectivos eclesiales católicos, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, realizan celebraciones litúrgicas y gestos solidarios, como colectas para fondos de huelga. Plataformas como ETN y Autovías promueven webinars sobre "empleos seguros y equitativos".
- Campañas digitales: La OIT y sindicatos locales llaman a un aumento salarial ajustado a la inflación (proyectada en 4.5% para 2025), libertad de asociación y protección contra despidos arbitrarios. En México, se suman demandas específicas como la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral.
Esta jornada resalta que el trabajo decente no es solo ético, sino un derecho humano integral: salarios justos (mínimo vital de al menos 15,000 pesos mensuales, según ACFP), seguridad, protección social y desarrollo personal.
Rol de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) en la Lucha por el Trabajo Digno
ACFP, una coalición de más de 100 organizaciones civiles fundada en 2015, es pionera en visibilizar la precariedad laboral como causa estructural de la pobreza. Su Observatorio de Trabajo Digno publica anualmente la "Escala de Trabajo Digno", que mide condiciones por región: en 2023, solo el 20% de los estados alcanzaba niveles "aceptables" de formalidad. Para 2025, estiman que 40 millones carecen de trabajo digno, con énfasis en la industria de la moda y ventas por catálogo (402 mil afectadas, como vendedoras de Tupperware).
Sus campañas incluyen:
- Ingreso Digno: Propuesta para un salario mínimo de 18,000 pesos, con incentivos fiscales para formalización.
- Videos y diálogos: Materiales audiovisuales como "Quien Trabaja No Debe Ser Pobre", con conferencias sobre seguridad social como derecho humano.
- Incidencia política: Presión para reformas como la "Ley Tupperware", presentada por la senadora Cynthia López Castro, que otorgaría IMSS a vendedoras informales.
ACFP argumenta que la afiliación a seguridad social reduce la pobreza en un 30%, al garantizar salud, guarderías, incapacidades y pensiones.
Políticas Laborales bajo el Gobierno de Claudia Sheinbaum (2024-2030)
A un año de su mandato (iniciado en octubre 2024), la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta retos en la generación de empleo formal: solo 216,538 puestos se crearon de enero a agosto 2025, un crecimiento anual del 0.3% en asegurados al IMSS. Sin embargo, defiende logros como el aumento al salario mínimo (20% en 2025, alcanzando 260 pesos diarios) y el Plan México, que ofertará 100 mil empleos adicionales vía ferias laborales en sectores como manufactura y nearshoring.
Proyecciones para fin de 2025 estiman 40,000-150,000 nuevos empleos formales, impulsados por nearshoring, pero amenazan retrocesos por desaceleración económica y aranceles (posibles con Trump). La tasa de desocupación abierta se mantiene en 2.7%, pero el ingreso real per cápita laboral es de 3,386 pesos mensuales, insuficiente para el 38% de los hogares. Políticas clave incluyen:
- Mejora en calidad de vida vía contratos colectivos.
- Enfoque en mujeres y jóvenes con programas de capacitación.
Críticos señalan debilidad en dinamismo económico, con pérdidas netas de empleos en agosto.
Discusión en Redes Sociales y Perspectivas Actuales
En X (Twitter), el debate sobre trabajo decente se intensifica desde septiembre 2025, con énfasis en informalidad y seguridad social. Un post destacado de @emeequis resalta la "Ley Tupperware" para formalizar 402 mil vendedoras, generando 4 replies sobre equidad de género. Otros hilos critican la estancada reducción de pobreza laboral, con llamados a boicots contra empresas informales. ACFP (@FrenteaPobreza) publica disecciones ENOE semanales, alcanzando 10k interacciones.
En resumen, pese a avances puntuales, el trabajo digno sigue elusivo para 36-40 millones de mexicanos. La Jornada de hoy invita a la acción colectiva: sindicatos, ONGs como ACFP y el gobierno deben priorizar formalización para una democracia laboral inclusiva.