El presidente del organismo, Stuardo Ralón, defendió ante el Consejo Permanente que la seguridad ciudadana y el respeto a las garantías fundamentales no son contrapuestos. Siete países de la región se adhirieron de inmediato al documento.
Por: Redacción Internacional Publicado: 4 de junio de 2026
En un momento crucial para la estabilidad democrática del continente, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, presentó formalmente ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la Resolución 1/26. Este nuevo marco normativo aborda la compleja relación entre el combate al crimen organizado y los derechos humanos, proponiendo un cambio de paradigma en las políticas de seguridad de la región.
Durante su comparecencia, Ralón fue enfático al derribar uno de los mitos más comunes en el debate público actual, resaltando que la seguridad pública y los derechos humanos no son conceptos contrapuestos, sino pilares complementarios que deben fortalecerse mutuamente para garantizar una paz duradera.
Los ejes centrales de la Resolución 1/26
El documento técnico presentado por la CIDH nace como una respuesta integral a la ola de violencia transnacional que afecta al hemisferio, alejándose de las estrategias puramente represivas y apostando por un enfoque de fortalecimiento institucional.
La resolución propone a los Estados miembros la implementación de estrategias basadas en cinco pilares fundamentales:
Prevención Focalizada: Diseñar e implementar políticas públicas de prevención dirigidas específicamente a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, evitando que sean reclutadas por redes criminales.
Protección y Reparación: Crear mecanismos robustos para la protección de testigos y garantizar la reparación integral a las víctimas de la violencia organizada.
Independencia Judicial: Fortalecer la autonomía de los jueces y fiscales como la única vía eficaz para desmantelar las estructuras criminales desde la legalidad.
Combate a la Impunidad: Optimizar los sistemas de investigación criminal y la cooperación transfronteriza para asegurar que los delitos de alto impacto no queden sin castigo.
"No se puede claudicar en la defensa de los derechos humanos para alcanzar la seguridad, ni se puede descuidar la seguridad de los ciudadanos en nombre de los derechos humanos. La Resolución 1/26 demuestra que el único camino sostenible es la institucionalidad democrática", puntualizó el presidente de la CIDH.
Respaldo diplomático en el bloque interamericano
La presentación de esta resolución fue posible gracias a la iniciativa de la misión permanente de Guatemala ante la OEA, Estado que solicitó formalmente el espacio en la agenda del Consejo Permanente para someter el documento al debate de los embajadores.
El alcance del proyecto sumó de inmediato un importante peso político dentro de la organización, logrando la adhesión oficial de una coalición diversa de países que respaldan la urgencia de aplicar estas directrices:
Naciones adheridas a la Resolución 1/26 en el Consejo Permanente:
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├── Guatemala (Misión solicitante)
├── Brasil
├── Canadá
├── Colombia
├── México
├── Panamá
├── República Dominicana
└── Uruguay
Con este respaldo multilateral, la CIDH busca que la Resolución 1/26 se transforme en una guía práctica de referencia para los ministerios de seguridad y ministerios públicos de las Américas, promoviendo leyes que combatan con contundencia a las mafias transnacionales sin desmantelar el estado de derecho.