Defensa de Juan Orlando Hernández solicita revocar orden de captura para que comparezca voluntariamente en julio
El equipo legal del expresidente presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia informando su intención de retornar a Honduras el 31 de julio de 2026 para enfrentar cargos por fraude y lavado de activos.
Por: Redacción Nacional / Judicial Última actualización: 28 de junio de 2026 - 1:15 PM
En un giro inesperado dentro del panorama jurídico nacional, el equipo de la defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández ha movilizado recursos ante el Poder Judicial, manifestando la total disposición de su representado de someterse de forma voluntaria a la justicia hondureña para responder por los cargos que se le imputan.
A través de un escrito formal presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el apoderado legal del exmandatario ha solicitado formalmente que se deje sin efecto la orden de captura vigente en su contra, argumentando la intención de Hernández de comparecer personalmente ante los tribunales de la República con el debido respaldo de sus garantías constitucionales.
Solicitud de audiencia y fecha de retorno
El documento legal detalla la ruta que pretende seguir el exgobernante para resolver su situación jurídica en el territorio nacional, fundamentando su petición en los siguientes puntos:
Revocatoria de Medida: La defensa solicita de manera expresa la revocatoria de la orden de captura que fue emitida originalmente en el año 2023 por los delitos de fraude y lavado de activos.
Fecha de Arribo Establecida: El escrito judicial señala de forma puntual que Juan Orlando Hernández tiene planificado ingresar a Honduras el próximo 31 de julio de 2026.
Audiencia de Imputado: Con el fin de evitar una detención sorpresiva en los puntos fronterizos o aeropuertos, la defensa pide al juez natural asignado que programe la respectiva audiencia de declaración de imputado en un plazo razonable tras su llegada.
El equipo legal del expresidente presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia informando su intención de retornar a Honduras el 31 de julio de 2026 para enfrentar cargos por fraude y lavado de activos.
Por: Redacción Nacional / Judicial Última actualización: 28 de junio de 2026 - 1:15 PM
En un giro inesperado dentro del panorama jurídico nacional, el equipo de la defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández ha movilizado recursos ante el Poder Judicial, manifestando la total disposición de su representado de someterse de forma voluntaria a la justicia hondureña para responder por los cargos que se le imputan.
A través de un escrito formal presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el apoderado legal del exmandatario ha solicitado formalmente que se deje sin efecto la orden de captura vigente en su contra, argumentando la intención de Hernández de comparecer personalmente ante los tribunales de la República con el debido respaldo de sus garantías constitucionales.
Solicitud de audiencia y fecha de retorno
El documento legal detalla la ruta que pretende seguir el exgobernante para resolver su situación jurídica en el territorio nacional, fundamentando su petición en los siguientes puntos:
Revocatoria de Medida: La defensa solicita de manera expresa la revocatoria de la orden de captura que fue emitida originalmente en el año 2023 por los delitos de fraude y lavado de activos.
Fecha de Arribo Establecida: El escrito judicial señala de forma puntual que Juan Orlando Hernández tiene planificado ingresar a Honduras el próximo 31 de julio de 2026.
Audiencia de Imputado: Con el fin de evitar una detención sorpresiva en los puntos fronterizos o aeropuertos, la defensa pide al juez natural asignado que programe la respectiva audiencia de declaración de imputado en un plazo razonable tras su llegada.
Garantías constitucionales en la mira
El argumento central del equipo legal radica en que el exjefe de Estado busca enfrentar el proceso judicial en libertad o bajo medidas cautelares distintas a la detención judicial preventiva, asegurando que su presentación voluntaria extingue el peligro de fuga. El escrito enfatiza la necesidad de salvaguardar el estado de inocencia y el debido proceso durante las etapas iniciales de la comparecencia.
Corresponderá ahora al pleno de la Corte Suprema de Justicia o al juez nombrado para la causa analizar los argumentos de la defensa y determinar si se da luz verde a la suspensión de la alerta de captura o si se mantiene el protocolo de aprehensión regular para los ciudadanos requeridos por los tribunales especializados en materia de corrupción y criminalidad organizada.