El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, oficializó la implementación del “modelo catracho”, priorizando el fortalecimiento institucional, la investigación científica y el control territorial respetando las garantías constitucionales.
TEGUCIGALPA – En una definición política y jurídica clave sobre el rumbo de las estrategias de orden público en el país, el Gobierno de la República descartó de manera categórica que pretenda copiar o implantar el esquema de seguridad ciudadana implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. En su lugar, las autoridades confirmaron la vigencia de una estrategia nacional de corte técnico y adaptada a la complejidad criminal del territorio hondureño.
El anuncio fue formulado por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien afirmó que Honduras desarrolla e implementa un “modelo catracho” en materia de seguridad pública. Con esta postura, el titular de la Secretaría de Seguridad fija la posición oficial del Poder Ejecutivo frente a las recurrentes propuestas e iniciativas surgidas desde el Congreso Nacional que sugieren la adopción automática de regímenes de excepción de gran escala y capturas masivas como única fórmula para contener la delincuencia.
Los pilares del “modelo catracho” frente a las recetas extranjeras
De acuerdo con las directrices brindadas por el funcionario, la doctrina de seguridad implementada por la administración del presidente Nasry Asfura no busca emular el modelo del país vecino, sino robustecer de forma permanente las capacidades operativas e investigativas de las instituciones ordinarias del Estado. El ministro reconoció que, aunque se pueden considerar aportes o experiencias internacionales como referencia para el fortalecimiento de las políticas de seguridad, el diseño estratégico debe responder a las condiciones y circunstancias particulares de la nación.
El diseño estratégico de este modelo propio se fundamenta en tres ejes operativos definidos de manera científica:
Fortalecimiento de la investigación criminal: Elevar las capacidades técnicas, forenses y de inteligencia de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para desarticular las redes financieras y logísticas de las maras y pandillas mediante pruebas científicas sostenibles en los tribunales.
Prevención integral y enfoque social: Intervenir las colonias y barrios vulnerables mediante un despliegue combinado de fuerzas del orden y programas de desarrollo humano, recuperación de espacios públicos y oportunidades de empleo técnico para neutralizar el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas delictivas.
Policía comunitaria integrada: Fortalecer la relación de confianza entre los agentes policiales de los distritos y los líderes comunitarios o patronatos para agilizar los canales de denuncia ciudadana frente a delitos de alto impacto como la extorsión y el microtráfico.
Certidumbre internacional y estabilidad jurídica
La determinación de mantener una estrategia fundamentada en la institucionalidad y el ordenamiento jurídico vigente en la República es seguida muy de cerca por los sectores productivos y los organismos internacionales. Diversos analistas en derecho constitucional coinciden en que la preservación de las vías legales ordinarias frente a los estados de excepción prolongados es vital para la salud democrática del Estado.
Para el sector empresarial, los gremios comerciales y las agencias multilaterales, la consolidación de un plan de seguridad predecible y apegado a la legalidad robustece significativamente la seguridad jurídica del país. Proyectar que Honduras combate la criminalidad organizada mediante el debido proceso y la rigurosidad analítica eleva la confianza de los mercados globales, garantizando un clima de negocios propicio para la atracción de inversión extranjera directa en este mayo de 2026.
"Como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debemos actuar con apego a la normativa nacional y garantizar el respeto a los derechos humanos. No es una decisión personal, es un mandato legal", subrayó el ministro Velásquez al defender la autonomía de la política criminal estatal y recalcar que las particularidades sociales y económicas de Honduras demandan soluciones diseñadas bajo un enfoque propio.
Coordinación interinstitucional
La Secretaría de Seguridad informó que continuará articulando esfuerzos semanales con el Ministerio Público y el Poder Judicial para agilizar los procesos de judicialización de las capturas ejecutadas en el marco de este modelo nacional. Asimismo, se anunció que las mesas técnicas de seguridad se mantendrán abiertas a la sociedad civil y a la empresa privada para auditar los avances, alcances y métricas de reducción delictiva de la estrategia de pacificación.