La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, señaló que los homicidios múltiples seguirán golpeando al país mientras el Estado no aborde las causas estructurales y la impunidad que alimentan la violencia.
TEGUCIGALPA – Una radiografía alarmante sobre la situación de seguridad pública y vulnerabilidad social enfrenta Honduras. De acuerdo con los registros e informes de los organismos de Derechos Humanos, el país contabiliza la trágica cifra de 118 masacres (homicidios múltiples) en un período de 42 meses, un indicador que devela la persistencia de la violencia extrema a nivel nacional.
Ante este panorama, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, lanzó una enérgica advertencia. La defensora del pueblo sentenció que las masacres y otros hechos criminales de alto impacto continuarán registrándose en el territorio hondureño mientras el Estado no implemente una respuesta integral y científica que atienda, de una vez por todas, las causas estructurales de la conflictividad social y la violencia.
Factores que perpetúan la impunidad y el luto
Desde la perspectiva de los defensores de derechos humanos, la estrategia de seguridad no puede limitarse exclusivamente a la reacción policial o al despliegue de militares en las calles. El Conadeh y otras organizaciones civiles coinciden en que los homicidios múltiples son el síntoma de debilidades institucionales más profundas.
Entre los factores clave señalados por los expertos para contener esta ola de violencia destacan:
Abordaje de la conflictividad social: Atender las disputas de tierras, la falta de oportunidades para la juventud y la desintegración familiar en las zonas más vulnerables.
Fortalecimiento de la investigación científica: Elevar la capacidad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para resolver los casos, ya que el alto índice de impunidad en los asesinatos múltiples opera como un incentivo para los criminales.
Prevención integral: Diseñar políticas públicas orientadas a la reinserción social, la educación y el control efectivo de las armas de fuego ilegales que circulan en el país.
El reto de la estabilidad e institucionalidad
El debate sobre las políticas de seguridad cobra especial relevancia en el contexto de la administración del presidente Nasry Asfura, cuyo gabinete económico y de seguridad insiste en que la pacificación del territorio es un requisito indispensable para el desarrollo.
La lógica de los sectores productivos y jurídicos dicta que frenar las masacres es urgente no solo para salvaguardar la vida de la ciudadanía, sino para consolidar la seguridad jurídica que Honduras necesita. La violencia desmedida deteriora el clima de negocios, desincentiva la inversión extranjera directa y frena la generación de empleos en las comunidades más afectadas en este mayo de 2026.
"No podemos seguir contando cuerpos. El Estado tiene la obligación de ir a la raíz del problema, fortaleciendo el tejido social y garantizando una justicia pronta para las víctimas. Mientras la respuesta sea solo reactiva, los ciclos de violencia se van a seguir repitiendo", puntualizaron fuentes ligadas a los organismos de protección de derechos humanos.
El Conadeh instó a los tres poderes del Estado y a los operadores de justicia a estructurar una mesa técnica permanente con la sociedad civil para reorientar las estrategias de seguridad ciudadana, priorizando la prevención y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales.