TEGUCIGALPA, M.D.C. – El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, sacudió el panorama político nacional al confirmar que no se presentará ante el pleno del Congreso Nacional para enfrentar el juicio político promovido en su contra. A través de un pronunciamiento oficial, Zelaya calificó el proceso como una maniobra carente de legalidad y garantías procesales.
La decisión surge tras la recomendación de destitución emitida por la comisión especial legislativa, un procedimiento que, según el funcionario, se ejecutó de forma "acelerada" y con un trasfondo de juzgamiento anticipado.
Argumentos de la Defensa de Zelaya
El fiscal suspendido fundamentó su incomparecencia bajo tres ejes principales que, según él, invalidan la naturaleza del juicio:
Falta de Objetividad e Igualdad: Zelaya sostiene que no existen condiciones mínimas para un debate imparcial, denunciando que las estructuras legislativas ya han tomado una decisión política antes de escuchar sus descargos.
Procedimiento "Relámpago": El funcionario cuestionó que en menos de 48 horas se desarrollara un proceso complejo que concluyó con una recomendación de cese de sus funciones, calificándolo de atropellado y carente de análisis jurídico profundo.
Denuncia de Inconstitucionalidad: Al considerar que se han violentado sus garantías constitucionales y el debido proceso, Zelaya afirmó que su presencia solo serviría para "legitimar" un acto que considera fuera del marco de la ley.
Reacciones en el Legislativo
La negativa de Zelaya a comparecer coloca al Congreso Nacional en una encrucijada jurídica. Mientras los sectores que impulsan el juicio político argumentan que la incomparecencia no detiene el proceso y que el pleno está facultado para proceder con la votación final, la bancada del Partido Liberal y otros sectores de oposición han reiterado la necesidad de que el proceso sea transparente y apegado a la Constitución.
"No puedo legitimar un procedimiento que ha sido diseñado para una destitución predeterminada", sentenció Zelaya en su comunicado, elevando la tensión institucional entre el Ministerio Público y el Poder Legislativo.
Se espera que en las próximas horas la Junta Directiva del Congreso Nacional anuncie los pasos a seguir ante la ausencia del fiscal suspendido en la cámara legislativa.