SAN SALVADOR – Un fuerte debate ha estallado en las últimas horas tras la difusión de un informe elaborado por "expertos y expertas en derechos humanos" vinculados a organismos internacionales sobre la situación en El Salvador. Diversos sectores denuncian que, bajo la fachada de defensa de derechos fundamentales, el documento busca forzar la liberación del 100% de los pandilleros capturados bajo el Régimen de Excepción, al calificar la totalidad de las detenciones como "arbitrarias".
La controversia escala ante las afirmaciones de activistas y comunicadores, presuntamente vinculados a la organización Open Society, quienes sostienen que el informe no exige una liberación masiva. Sin embargo, analistas jurídicos advierten que la terminología técnica del documento dicta lo contrario.
El "vicio" legal: Detenciones arbitrarias y liberación automática
El punto neurálgico del conflicto reside en la calificación jurídica que el informe otorga a los operativos de seguridad. Según el texto presentado ante instancias internacionales, la totalidad de las capturas realizadas en los últimos años carecen de "garantías mínimas y del debido proceso".
Sinónimo de liberación: Jurídicamente, calificar una detención como arbitraria obliga automáticamente al Estado a la liberación inmediata del individuo. Expertos señalan que no es legalmente posible sostener en prisión a una persona bajo ese estatus.
Identidad criminal: El informe sostiene que encarcelar a una persona por su pertenencia a una estructura criminal (como lucir tatuajes de la MS-13) sin probar delitos adicionales es una violación a sus derechos, argumentando que no se puede "penalizar al autor por ser quién es".
Exigencias directas al Estado salvadoreño
Más allá de las interpretaciones, el documento establece tres exigencias literales que han sido interpretadas como un desmantelamiento de la estrategia de seguridad actual:
Cese inmediato del Régimen de Excepción.
Derogación de las reformas penales y procesales, incluyendo la legislación juvenil que permite juzgar a menores vinculados a maras.
Retiro de la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública y apoyo a la policía.
"Bufetes legales del crimen"
Las reacciones no se han hecho esperar. Críticos del informe aseguran que estas organizaciones han "se han quitado la máscara", revelando objetivos que coinciden con los intereses de las estructuras criminales.
"Calificar el 100% de las detenciones como arbitrarias es exigir la liberación del 100% de los delincuentes. Estas organizaciones actúan como bufetes legales internacionales del crimen", señalan sectores que respaldan las medidas de seguridad vigentes.
