Juticalpa, Olancho, Honduras – 7 de marzo de 2026 La Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente del Ministerio Público (MP) realizó una inspección técnica en un plan operativo ubicado en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, con el objetivo de verificar posibles daños ambientales derivados de una supuesta usurpación de terrenos y amenazas asociadas.
La diligencia, llevada a cabo por fiscales especializados en delitos ambientales, se centró en constatar in situ cualquier afectación a los recursos naturales, incluyendo posibles alteraciones al suelo, vegetación o cauces hídricos en la zona intervenida. El procedimiento forma parte de las acciones de investigación iniciadas tras denuncias presentadas, que involucran presuntos actos de usurpación y amenazas contra personas o trabajadores que operan en el área bajo un plan autorizado.
Según información oficial difundida por el Ministerio Público a través de sus canales institucionales, incluyendo la cuenta @MP_Honduras en X, la inspección permitió recopilar evidencias preliminares para determinar si se configuran delitos contra el medio ambiente, usurpación de derechos reales o coacciones. El MP reafirmó su compromiso firme con la protección de los recursos naturales del país, destacando que estas acciones responden a la prioridad de combatir la explotación ilegal, la deforestación y cualquier forma de agresión al patrimonio ambiental hondureño.
Guayape, ubicado en la región oriental de Olancho —una zona históricamente vulnerable a actividades extractivas ilegales como la minería artesanal en el río Guayape y la tala no autorizada—, ha sido escenario de múltiples operativos ambientales en años recientes. La Fiscalía del Ambiente ha intervenido previamente en casos similares, incluyendo decomisos de maquinaria pesada, requerimientos fiscales por explotación ilegal de minerales y verificaciones en riberas y áreas protegidas cercanas.
Esta inspección refuerza la labor interinstitucional del Ministerio Público, en coordinación con entidades como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) y otras dependencias, para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y disuadir prácticas que pongan en riesgo la biodiversidad y los ecosistemas del departamento.
El Ministerio Público invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ambiental a través de sus canales oficiales, reiterando que la defensa de los recursos naturales es una responsabilidad compartida para preservar el patrimonio de las generaciones futuras. Se espera que, de confirmarse las irregularidades, se proceda con las acciones legales correspondientes, incluyendo posibles capturas, decomisos y procesos judiciales.