• El presidente del Congreso Nacional reitera que cualquier proceso contra altos funcionarios debe cumplir estrictamente con los requisitos legales.
En medio de los señalamientos públicos sobre la conducta de altos funcionarios electos por el Congreso Nacional y la posibilidad de someterlos a juicio político, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, explicó el alcance de este mecanismo constitucional y enfatizó que debe aplicarse con rigor.
“El Congreso va a respaldar, va a apoyar, va a fortalecer los operadores de justicia al 100% porque queremos que sean efectivos en la lucha contra la delincuencia”, recordó.
Sin embargo, también subrayó que el Poder Legislativo tiene un rol de control para evitar abusos de funcionarios electos por el propio Congreso.
Zambrano explicó que el Legislativo también debe convertirse en “un auditor, en un contralor, para que los funcionarios electos por el Congreso no abusen”, revisando su conducta y evitando que actúen por motivaciones ideológicas o políticas.
El titular del CN reconoció que existe en la ciudadanía una exigencia de revisar la conducta de altos funcionarios, aunque aclaró que cualquier acción debe seguir el procedimiento establecido por la ley.
Investigación de conductas
En ese sentido, señaló que ha percibido un ambiente en el hemiciclo que podría dar paso a la aplicación de la figura del juicio político, vigente desde hace más de 13 años.
“Ya estoy escuchando muchos diputados de todos los partidos que están solicitando poder llevar a cabo la investigación de la conducta de altos funcionarios electos por el Congreso Nacional”, afirmó, precisando que este mecanismo también puede aplicarse a cargos electos por el pueblo.
El titular del Legislativo detalló el procedimiento que debe seguirse para un juicio político: primero debe presentarse la denuncia; luego, la Secretaría del Congreso la da a conocer al pleno, y posteriormente la Cámara debe votar su admisión con mayoría calificada de 86 votos.
En caso de admitirse, el funcionario queda suspendido y se nombra una comisión especial -también con 86 votos- que investiga, puede citar partes y testigos, y finalmente presenta un informe recomendando o no la destitución, añadió.
De aprobarse la destitución, el caso podría derivar en responsabilidad penal ante el Ministerio Público, apuntó.
Prudencia
No obstante, Zambrano pidió prudencia y evitó adelantar escenarios.
“No quiero ser tan puntual porque es un tema que todavía no está incorporado en la agenda legislativa”, expresó.
Advirtió además que si un juicio político se plantea sin contar con los 86 votos necesarios y es rechazado, no podría volver a intentarse durante un año, conforme a la ley.
Finalmente, enfatizó que estos procesos no deben impulsarse por emociones o venganzas.
“Las cosas hay que hacerlas bien. No se tienen que hacer por emotividad, no se tiene que hacer por emociones, no se tiene que hacer por venganza, por rencor; las cosas se tienen que hacer bien, apegado a la ley, apegado a la Constitución y apegado a los procedimientos”, concluyó.