Tegucigalpa, 15 de enero de 2026 – El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, acusó directamente al alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, de ser el principal impulsor de un juicio político en su contra para removerlo del cargo, mediante cabildeo con diputados del Partido Nacional y Liberal ante la nueva legislatura.
Zelaya enfatizó que las investigaciones por corrupción en la Municipalidad de San Pedro Sula continúan sin pausa, rechazando amenazas o ataques como medio para detenerlas.
Detalles de las acusaciones
Zelaya reveló que Contreras, investigado por trata de personas, fraude y lavado de activos en desvíos de 45 millones de lempiras municipales, promueve su destitución como primer punto de agenda congressional post-27 de enero. El fiscal aludió al edil sampedrano como cabildero de votos bipartidistas, en un contexto de tensiones pre-transición presidencial a Nasry Asfura.
Antecedentes de Contreras
Contreras prometió en octubre 2025 destituir a Zelaya si el Liberal ganaba elecciones, vía revocatoria congresual que expertos como Reyna Rivera califican infundada jurídicamente, requiriendo juicio político con 86 votos y causales constitucionales probadas. La alerta de Interpol contra su yerno Steve Fajardo por nexos criminales agrava el caso, con liberales denunciando persecución política.
Contexto investigativo
El MP indaga irregularidades en fondos sampedranos desde 2024, incluyendo clientelismo electoral y obras fantasmas, pese a defensas de Contreras que rechazan decretos como el recuento de 19.167 JRV publicado en La Gaceta, calificado ilegal por el alcalde. Zelaya insiste en imparcialidad, comparando presiones a tácticas autoritarias de Bukele o Trump.
Reacciones políticas
Contreras califica procesos como persecución, mientras Zelaya advierte no intimidación; liberales como Marlon Lara denuncian chantajes internos, fragmentando al PL ante elecciones congresionales donde buscan cuotas de poder. Analistas ven maniobra para blindar al alcalde investigado, en pugna por control fiscal en nueva administración nacionalista