El 14 de septiembre de 2025, al cumplirse un año exacto del asesinato del ambientalista hondureño Juan Antonio López, el obispo de la Diócesis de Trujillo (departamento de Colón), Jenry Orlando Ruiz Mora, renovó sus críticas al sistema judicial de Honduras durante una peregrinación y misa en Tegucigalpa. En declaraciones a EFE y otros medios, Ruiz calificó la justicia del país de "letárgica" y "selectiva", exigiendo no solo la captura de los autores materiales, sino también de los intelectuales del crimen, así como la liberación total del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía de la influencia de empresas mineras como Inversiones Los Pinares y Ecotek. Esta denuncia se enmarca en un contexto de impunidad persistente, avances limitados en la investigación y una ola de violencia contra defensores ambientales en el Bajo Aguán. A continuación, detallo exhaustivamente el caso, basado en reportes de fuentes como EFE, Amnesty International, ONU, OACNUDH, Criterio.hn, Proceso Digital y publicaciones recientes en X (Twitter), incluyendo eventos del fin de semana del 13-14 de septiembre de 2025.Perfil de Juan López y Contexto del AsesinatoJuan Antonio López, de 46 años, era un destacado defensor ambiental, coordinador del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), regidor municipal por el partido Libre (gobernante) y predicador cristiano en la iglesia San Isidro Labrador. Su activismo se centraba en la protección de los ríos Guapinol y San Pedro, y del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, amenazado por el megaproyecto minero Los Pinares-Ecotek (del Grupo EMCO Holding, propiedad de Lenir Pérez). López denunciaba la contaminación de fuentes de agua, deforestación y corrupción en concesiones mineras ilegales en zonas protegidas.
- El crimen: El 14 de septiembre de 2024, alrededor de las 8:00 p.m., López fue asesinado a balazos en su vehículo mientras salía de predicar en una iglesia en la colonia Fabio Ochoa, Tocoa (Colón). Recibió múltiples impactos de arma de fuego de un atacante en motocicleta. Contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2021, pero estas no se implementaron efectivamente. El asesinato ocurrió en un contexto de amenazas constantes: López había solicitado el despido del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por presuntos lazos con el crimen organizado y apoyo al megaproyecto minero.
- Impacto inmediato: El crimen generó conmoción nacional e internacional. La presidenta Xiomara Castro condenó el hecho y ordenó una investigación exhaustiva. La embajadora de EE.UU., Laura Dogu, exigió una pesquisa transparente. Organizaciones como Amnesty International, Front Line Defenders y la ONU lo catalogaron como un ataque a defensores de derechos humanos, vinculado a conflictos mineros. El Papa Francisco expresó dolor y condenó la violencia en septiembre de 2024.
- Autores materiales: Tres hombres —Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía— están detenidos y enfrentan juicio por asesinato y asociación ilícita. El caso fue elevado a juicio oral en septiembre de 2025 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Uno de ellos admitió participación en febrero de 2025. La Policía Nacional reportó "avances significativos" el 11 de septiembre de 2025, pero sin detalles sobre intelectuales.
- Autores intelectuales: Ninguno identificado ni procesado. El CMDBCP y la familia de López exigen esclarecer la "red criminal" en el Valle del Aguán, vinculada a fraudes, persecución y asesinatos. La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Policía aseguran "avances", pero organismos como la OACNUDH critican la lentitud y falta de imparcialidad. En febrero de 2025, se reportó vigilancia contra la abogada Kenia Oliva, quien defiende el caso.
- Críticas al sistema judicial: Ruiz enfatizó que la justicia "sufre letargo, es selectiva, le falta investigación y celeridad". En enero de 2025, rogó al Fiscal General por avances; en junio, denunció inacción a nueve meses del crimen. Adilia Castro, amiga de López, lamentó en enero la "desvalorización de la vida de defensores". La ONU y Amnesty urgen investigaciones independientes sobre el rol de empresas y políticos.
- Historia del parque: Declarado en 2012 (Decreto 127-2012), fue reducido irregularmente en 2013 (Decreto 252-2013) por 217 hectáreas para conceder minas ASP y ASP2 a Los Pinares. En 2016, se renombró en honor a Carlos Escaleras Mejía (asesinado en 1980 por oponerse a extractivismo), pero se redujo nuevamente (Decreto 93-2016). El megaproyecto incluye mina de óxido de hierro, planta peletizadora y termoeléctrica, contaminando ríos y causando daños irreversibles.
- Decreto 18-2024: Aprobado el 21 de febrero de 2024 y publicado el 6 de mayo, deroga las reducciones y prohíbe minería en la zona núcleo (217 hectáreas). Celebra la conservación del parque y áreas protegidas. En julio de 2024, se entregó simbólicamente a Tocoa, pero la minera sigue operando ilegalmente. Incertidumbre persiste: No se han revocado licencias ni concesiones; Los Pinares solicitó renovación en octubre de 2023 para 30 años más.
- Acciones legales contra la minera: En septiembre de 2024, el MP presentó requerimientos fiscales contra 13 personas de Los Pinares y Ecotek por daños ambientales. En mayo de 2025, se procesó a tres ejecutivos por explotación ilegal. En octubre de 2024, Víctor Bernárdez (representante) evadió audiencia; seis imputados están en prisión preventiva. El CMDBCP exige cancelación total del proyecto.
- Iglesia y sociedad: Monseñor José Vicente Nácher (arzobispo de Tegucigalpa) afirmó: "Su voz y lucha siguen vivas". La Conferencia Episcopal condenó el crimen en octubre de 2024 y junio de 2025. Padre Melo (Ismael Moreno) denunció "silencio y terror". En X, posts virales llaman a #JusticiaParaJuanLópez, con canciones y vigilias.
- Internacional: OACNUDH realizó una misión al Bajo Aguán el 13 de septiembre, reafirmando apoyo y exigiendo verdad y reparación. Embajadores de UE, España, Alemania y Francia condenaron el crimen en 2024.