El 8 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Trump anunció la terminación del TPS para aproximadamente 72,000 hondureños, 4,000 nicaragüenses y 7,000 nepalíes, argumentando que las condiciones en estos países habían mejorado desde los desastres naturales que justificaron su designación inicial (Huracán Mitch en 1998 para Honduras y Nicaragua, y un terremoto en 2015 para Nepal). La terminación estaba programada para entrar en vigor el 8 de septiembre de 2025 para Honduras y Nicaragua, y el 5 de agosto de 2025 para Nepal.
Bloqueo judicial inicial:
El 31 de julio de 2025, la jueza federal Trina L. Thompson del Distrito Norte de California bloqueó temporalmente la terminación del TPS para estos países, argumentando que las decisiones del DHS, liderado por la secretaria Kristi Noem, estaban motivadas por animadversión racial y no consideraron adecuadamente las condiciones actuales de inseguridad en Honduras y Nicaragua (como crimen, inestabilidad política y advertencias de viaje del Departamento de Estado). La orden de Thompson extendió las protecciones hasta al menos mediados de noviembre de 2025, pendiente de una audiencia completa sobre la legalidad de la terminación.
Ausencia de confirmación de una apelación ganada el 20 de agosto:
No hay evidencia en las fuentes disponibles que indique que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito haya emitido un fallo el 20 de agosto de 2025 revirtiendo la orden de Thompson y confirmando la cancelación del TPS. Las fuentes más recientes (hasta el 8 de agosto de 2025) mencionan que el DHS planeaba apelar la decisión de Thompson, pero no hay registro de un fallo definitivo del Noveno Circuito.
Es posible que tu información se base en una confusión con otros casos, como la decisión de la Corte Suprema del 19 de mayo de 2025, que permitió al DHS revocar el TPS para 350,000 venezolanos al levantar una orden de un tribunal inferior, o con las apelaciones en curso sobre el TPS de otros países.
Estado actual del TPS para hondureños:
Hasta el 4 de agosto de 2025, la orden de la jueza Thompson sigue en vigor, lo que significa que los beneficiarios del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal mantienen sus protecciones (permisos de trabajo y alivio contra la deportación) al menos hasta noviembre de 2025, mientras el caso avanza en los tribunales.
Si una apelación en el Noveno Circuito favoreciera al DHS antes del 8 de septiembre, los beneficiarios perderían su estatus, enfrentando deportación a menos que hayan obtenido otra forma de estatus legal (como residencia permanente, que tienen aproximadamente 21,000 hondureños y 1,100 nicaragüenses).
Implicaciones para los hondureños:
Impacto humano: La terminación del TPS afectaría a unos 40,000-51,000 hondureños que dependen de esta protección para vivir y trabajar legalmente en EE.UU. desde 1999. Muchos son profesionales (enfermeros, mecánicos, trabajadores de la construcción) con familias estadounidenses, y enfrentan la pérdida de empleos, hogares y la posibilidad de regresar a un país con altos índices de violencia y pobreza.
Condiciones en Honduras: El DHS argumenta que Honduras ha superado los efectos del Huracán Mitch, citando acceso al agua (95.7%), saneamiento (83.8%) y electricidad (93.2%). Sin embargo, críticos como la National TPS Alliance señalan que el país sigue bajo una advertencia de viaje nivel 3 por crimen y que el gobierno hondureño mantiene un estado de emergencia desde 2022, lo que indica inseguridad persistente.
Opciones para los afectados: El DHS ha ofrecido boletos de avión gratuitos y un bono de salida de $1,000 para quienes opten por "autodeportarse" a través de una app de Aduanas y Protección Fronteriza. Sin embargo, muchos beneficiarios están luchando legalmente para permanecer en EE.UU.
Relación con Salvador Nasralla:Aunque Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, no está directamente vinculado al caso del TPS, su campaña para las elecciones del 30 de noviembre de 2025 refleja el impacto de la migración y las políticas de EE.UU. en la política hondureña:
Postura de Nasralla: Como líder político, Nasralla ha abogado por mejorar las condiciones en Honduras para reducir la migración forzada, proponiendo un “gobierno digital” y medidas contra la corrupción como la implementación de la CICIH. Su reciente actividad en Siguatepeque (como el posible "Gran Encuentro Liberal" del 22 de agosto) sugiere un esfuerzo por movilizar apoyo en regiones afectadas por la migración.
Contexto migratorio: La posible deportación de miles de hondureños con TPS podría exacerbar las tensiones sociales y económicas en Honduras, un tema que Nasralla podría abordar en su campaña, especialmente al criticar al partido gobernante Libre por no gestionar mejor las relaciones con EE.UU. o mejorar la seguridad interna.
Análisis crítico:
Falta de evidencia del fallo del 20 de agosto: La afirmación de que la Corte del Noveno Circuito dio un "tiro de gracia" al TPS el 20 de agosto no está respaldada por las fuentes disponibles. Es posible que se trate de una noticia no confirmada o una confusión con otros casos de TPS (como el de Venezuela). Recomiendo verificar esta información en medios confiables como NBC News, The New York Times o el sitio oficial del DHS.
Motivaciones políticas: La jueza Thompson y grupos como la National TPS Alliance han acusado a la administración Trump de motivaciones discriminatorias, citando declaraciones de Trump y Noem que vinculan a los inmigrantes con estereotipos racistas (por ejemplo, “envenenan la sangre del país”). Estas acusaciones podrían influir en futuros fallos judiciales.
Impacto regional: La terminación del TPS para hondureños no solo afecta a los migrantes, sino que podría aumentar la presión sobre el gobierno de Honduras, liderado por Xiomara Castro, para manejar el retorno de miles de ciudadanos en un contexto de inestabilidad económica y social.
