Cualquier terreno, edificación o cuerpo de agua en Nicaragua a menos de 15 kilómetros de sus fronteras es, desde ahora, propiedad estatal.
Esto es lo que recoge la Ley de Territorio Fronterizo, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional de forma expedita y sin consulta previa en comisión.
La normativa establece que una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país pasa a ser "propiedad del Estado nicaragüense".
Según el texto, el objetivo es reforzar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad frente a posibles injerencias externas y delitos como narcotráfico, trata de personas o lavado de activos.
Aunque aún no se han detallado el alcance y el modo en que se aplicará la nueva disposición, organizaciones opositoras y algunos juristas advierten de posibles efectos sobre los derechos de propiedad y las actividades económicas en las áreas afectadas.
La aprobación de la ley también plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en la población fronteriza y las intenciones no declaradas del gobierno copresidido por el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En qué consiste la ley
El texto legal aprobado por la Asamblea Nacional delimita físicamente la franja considerada como "territorio fronterizo".
Nicaragua tiene una superficie total de 51.000 km2 y 1.231 km de fronteras terrestres con Honduras y Costa Rica. La franja que pasa a manos del Estado abarcaría un área de unos 12.000 km2, más de una quinta parte del país.
La ley señala que la zona estará "bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua" y que su propiedad corresponde al Estado, sin precisar en qué casos o condiciones podrán mantenerse los usos actuales por parte de particulares, empresas o comunidades.
La nueva directiva deroga en la práctica la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras de 2010, que establecía un régimen especial para las áreas limítrofes terrestres, marítimas y aéreas con el fin de promover el desarrollo sostenible y garantizar la seguridad.
El nuevo texto elimina las referencias al desarrollo y justifica el control estatal directo en el mantenimiento de la soberanía y la seguridad del país.
"Hay que recordar que a ellos la guerra les entró por la frontera de los 80 y ellos (Ortega y Murillo) creen que, en cualquier momento, se les puede activar un conflicto armado que tendría apoyo regional, lo cual para mí es una paranoia, pero es parte de lo que ellos piensan", explica a BBC Mundo el abogado nicaragüense Eliseo Núñez.