TEGUCIGALPA, M.D.C. – En una decisión que marca un giro radical en la administración pública, el Poder Ejecutivo ha oficializado, a través del Diario Oficial "La Gaceta" No. 37,079, la eliminación de diversas dependencias estatales, incluyendo carteras estratégicas de transparencia, planificación y programas de asistencia social.
La medida se fundamenta en la necesidad del Estado de Honduras de asumir compromisos de eficiencia administrativa, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional, argumentando que se requieren estructuras públicas funcionales alineadas con las competencias legales.
Desmantelamiento de Carteras Clave
El decreto deroga artículos específicos del PCM-05-2022, lo que conlleva la supresión inmediata de las siguientes entidades:
Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: Institución que hasta ahora lideraba las políticas de rendición de cuentas.
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica: Encargada del diseño y ruta a largo plazo de los proyectos estatales.
Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia: Unidad técnica de monitoreo directo del Ejecutivo.
Cierre de Programas Sociales
La reforma no solo afecta a las secretarías de gabinete, sino que también alcanza a los brazos operativos de la política social del país. El Artículo 2 del decreto confirma la desaparición de:
Programa de la Red Solidaria: Principal plataforma de transferencias y asistencia a sectores vulnerables.
Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos: Entidad responsable de los proyectos habitacionales estatales.
Asimismo, el Artículo 1 del nuevo decreto deroga el PCM-056-2019, suprimiendo definitivamente la Secretaría de Estado de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS).
Argumentación Jurídica y Administrativa
El Ejecutivo justifica este proceso integral de "modernización institucional" bajo la premisa de redefinir funciones y optimizar los recursos humanos y financieros. Según el considerando del decreto, el objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los fines del Estado mediante una mejor coordinación interinstitucional.
La aplicación de esta normativa se sustenta en las facultades otorgadas por los Artículos 235 y 245 de la Constitución de la República, relativos a la administración general del Estado, y diversos artículos de la Ley General de la Administración Pública.
Esta reestructuración masiva genera un escenario de incertidumbre sobre el destino de los proyectos que ejecutaban estas instituciones y el personal que laboraba en ellas, mientras el Gobierno busca centralizar y agilizar la gestión pública bajo un nuevo modelo administrativo.