Emergencia en el 911: 55 empleados del turno nocturno paralizan operaciones por exclusión en listados gubernamentales
Cincuenta y cinco empleados del Sistema Nacional de Emergencia del 911, asignados al turno de la madrugada, mantienen una protesta callejera frente a las instalaciones en Tegucigalpa, exponiéndose a las bajas temperaturas matutinas sin recibir respuestas del gobierno del presidente Nasry Asfura. Los afectados, responsables del monitoreo de cámaras de seguridad en los departamentos de El Paraíso, Olancho, Comayagua, La Paz y Francisco Morazán, denuncian no figurar en los listados oficiales de personal, lo que les impide laborar pese a sus contratos vigentes.
Causas del conflicto laboral
Los trabajadores alegan que su exclusión responde a ajustes administrativos en el nuevo gobierno de Asfura, quien asumió el poder en enero de 2026 tras una victoria electoral ajustada. Afirman que el Sistema Nacional de Emergencia no ha actualizado sus nóminas, dejando a estos operadores sin acceso a sus puestos y salarios, en medio de un contexto de demandas laborales heredadas del gobierno anterior que superan los 3,380 millones de lempiras. La protesta escaló al advertir a la población que "nadie está trabajando por el momento", paralizando el monitoreo y coordinación de emergencias en regiones clave del país.
Esta situación expone vulnerabilidades en el servicio 911, vital para la seguridad pública, especialmente en zonas propensas a desastres naturales y delincuencia, donde estos empleados supervisaban feeds en tiempo real para respuesta rápida.
Impacto en la seguridad pública
La ausencia de personal en el turno nocturno deja sin vigilancia cámaras en cinco departamentos, afectando la detección temprana de incidentes como robos, accidentes o emergencias climáticas. Los manifestantes exigen su reintegro inmediato, argumentando que su rol es esencial para la coordinación con cuerpos de socorro, policía y bomberos. Autoridades del gobierno no han emitido pronunciamientos oficiales, pero el contexto de finanzas públicas tensionadas por deudas y embargos laborales complica la resolución rápida.
Expertos en seguridad destacan el riesgo: sin monitoreo, la respuesta a emergencias podría demorarse horas, incrementando daños en un país con alta incidencia delictiva y vulnerabilidad a fenómenos como frentes fríos.
Respuestas y demandas de los afectados
Los empleados, soportando temperaturas bajo 10°C desde la madrugada del 26 de febrero de 2026, reclaman derechos laborales básicos como pago de salarios caídos y inclusión en planillas oficiales. Han alertado vía redes sociales sobre la parálisis total del servicio en su turno, urgiendo intervención del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Trabajo. El gobierno de Asfura, enfocado en prioridades como empleo juvenil y red hospitalaria, enfrenta ahora esta crisis operativa en un servicio clave heredado.
Mientras la protesta persiste, se espera una mesa de diálogo, aunque el presidente ha cuestionado públicamente indemnizaciones por despidos previos, lo que podría endurecer la postura oficial.
Contexto gubernamental
Nasry Asfura, inaugurado el 27 de enero de 2026, gobierna un país con más del 60% de pobreza y desafíos institucionales, prometiendo eficiencia desde los municipios. Sin embargo, litigios laborales masivos amenazan la cuenta única del Estado, con Asfura criticando reintegros y pagos retroactivos como "injustos".