ucigalpa, Honduras, 18 de enero de 2026! En medio de una tensa crisis postelectoral que amenaza la estabilidad legislativa del país, el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero Morris, extendió una invitación pública al diálogo institucional, comprometiéndose a respetar la voluntad soberana del pleno del Congreso Nacional sin imponer agendas personales, en un esfuerzo por desescalonar las fricciones que rodean la instalación de la nueva legislatura.
Contexto de la Crisis Postelectoral
El anuncio de Vaquero surge en un panorama político convulso tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró resultados que colocaron al Partido Libertad y Refundación (Libre) en desventaja, particularmente en el nivel presidencial, lo que motivó un controvertido decreto impulsado por el actual presidente del Congreso, Luis Redondo, para ordenar un recuento total de votos aprobado el 8 de enero de 2026 y sancionado por la presidenta Xiomara Castro. Este decreto, calificado por opositores como un abuso de poder, ha generado acusaciones de manipulación electoral y ha complicado el traspaso de mando legislativo, con el Partido Nacional denunciando irregularidades en la convocatoria emitida por la Secretaría de Gobernación para las sesiones preparatorias del 21 y 23 de enero. La Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que la primera sesión debe ser presidida por el secretario de Gobernación o su sustituto legal, un requisito indispensable para la validez jurídica del proceso, lo que ha elevado las apuestas en un ambiente donde nacionalistas exigen rectificaciones legales y advierten sobre posibles vacíos de gobernabilidad.
Declaración de Vaquero: Respeto y Transparencia
"No vamos a imponer ninguna agenda", enfatizó Vaquero en su declaración, detallando que presentará la orden del día para su aprobación plenaria, seguida de la propuesta del mecanismo de elección de la Junta Directiva Provisional, permitiendo que los diputados definan libremente al directivo que liderará el Congreso para el período 2026-2030. Esta postura conciliadora responde directamente a las críticas de diputados nacionalistas, quienes alegaron ilegalidades en la convocatoria inicial por basarse en normativa derogada, aunque el propio Vaquero corrigió el documento y reafirmó su validez, garantizando que la sesión de instalación se realizará el miércoles 21 de enero sin dilaciones. Abogado constitucionalistas como Luis León han respaldado la obligatoriedad de su presencia, advirtiendo que cualquier ausencia podría derivar en el subsecretario Sergio Coello o incluso un juez designado por la Corte Suprema de Justicia, pero Vaquero ha optado por la ruta de la institucionalidad plena, reconociendo leves atrasos en el proceso de transición pero insistiendo en su avance programado.
Implicaciones para la Estabilidad Nacional
La intervención de Vaquero no solo busca blindar la legalidad del proceso, sino que representa un llamado a la unidad en un Congreso fragmentado donde propietarios y suplentes electos deben juramentarse bajo la presidencia provisional del secretario, culminando con la elección de la Junta Directiva definitiva el 23 de enero mediante mayoría de votos. En un país marcado por elecciones cerradas y tensiones históricas entre oficialismo y oposición, esta declaración refuerza el rol de la Secretaría de Gobernación como rectora de la gobernabilidad interna, el acceso a la justicia y la descentralización, evitando un inicio legislativo con vicios de nulidad que podrían paralizar la aprobación de presupuestos, leyes clave y el traspaso de poderes. Analistas destacan que, al priorizar el consenso plenario sobre imposiciones, Vaquero desarma narrativas de golpe blando legislativo, posicionándose como garante de la democracia hondureña en un momento pivotal donde el "pleno definirá y elegirá" emerge como mantra de neutralidad institucional.
Esta promesa de no interferencia subraya un compromiso con la supremacía de la voluntad legislativa, invitando a todos los sectores a depositar confianza en un proceso que, pese a las sombras postelectorales, aspira a forjar un Congreso Nacional fortalecido y legítimo para enfrentar los desafíos de 2026.