Una denuncia ciudadana anónima circula en redes sociales acusando irregularidades en la distribución de recursos de emergencia desde la bodega central Las Palmas en La Paz, Honduras, donde supuestamente camiones salen cargados de víveres y camas sin control público ni rendición de cuentas. Los señalamientos apuntan directamente al alcalde Jorge Aldana B. (PLH), exigiendo intervención de autoridades judiciales y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para auditar el uso de bienes públicos destinados a damnificados por lluvias recientes. La acusación surge en contexto de decretos de emergencia nacionales (PCM 29-2025) que habilitan compras directas en Francisco Morazán y La Paz, generando sospechas de desvío político en plena transición presidencial.
Contexto de los decretos de emergencia
El gobierno central declaró estado de emergencia por 45 días en octubre 2025 en departamentos como La Paz debido a inundaciones, autorizando contrataciones sin licitación a Copeco, FHIS y Sedesol para acelerar asistencia humanitaria. Estos fondos incluyen cooperación internacional gestionada por la SRE, pero analistas como Lester Ramírez critican falta de transparencia presupuestaria y especificación de montos, especialmente ante elecciones 2025. La alcaldía de La Paz, bajo Aldana, opera almacenes regionales para distribución local, amplificando preocupaciones por clientelismo electoral en municipio vulnerable.
Perfil de Jorge Aldana y antecedentes
Aldana, alcalde reelecto del Partido Liberal en La Paz, enfrenta escrutinio recurrente por gestión de recursos municipales, similar a críticas en Tegucigalpa por planillas infladas y contratos con Soluciones Globales. La denuncia evoca patrones históricos de opacidad en emergencias hondureñas, donde bodegas como Las Palmas centralizan suministros de arroz, frazadas y equipo médico sin inventarios públicos actualizados. Opositores del PN exigen auditoría inmediata ante posible uso partidista pre-posesión de Nasry Asfura.
Llamados institucionales y riesgos políticos
Ciudadanos demandan fiscalización del IAIP y MP, recordando que la Ley de Contrataciones exige control estricto pese a excepciones emergenciales. Esta denuncia se suma a tensiones postelectorales, con diálogos PN-PL por Congreso y disputas sobre Decreto 58-2025, proyectando mayor escrutinio sobre alcaldías liberales en 2026. Autoridades no han respondido oficialmente, pero el TSC podría iniciar pesquisa ante presión ciudadana.