La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó este 7 de enero de 2026 en Tegucigalpa al tercer implicado en la violación de una menor de edad, quien resultó embarazada a raíz de los abusos reiterados perpetrados en un centro asistencial. El documento oficial del Ministerio Público detalla que los tres detenidos —identificados como implicados en pesquisas del Ministerio Público Regional Norte— abusaron sexualmente de la víctima en un hospital del centro, centro y norte de la libertad sexual de la niña.
Detalles de la Investigación y Captura
La ATIC, por medio de su Agencia de Inteligencia, realizó labores de vigilancia que confirmaron la participación del tercer sospechoso en los delitos de violación agravada y producción de material de explotación sexual infantil. Las investigaciones previas determinaron que la víctima sufrió abusos durante 10 años, generando embarazo no deseado, con evidencias recolectadas por la Oficina de Investigación de Mujer y Niño (OIMN). Los capturados enfrentarán procesos en tribunales por violación de deberes de funcionarios públicos, ya que dos trabajaban en el hospital donde ocurrió el abuso.
Contexto del Caso y Antecedentes
El caso escaló tras denuncias iniciales de negligencia institucional, vinculando a personal médico que abusó de la menor bajo su cuidado, similar a escándalos previos en centros de salud hondureños como el IHSS. La captura completa el círculo de los tres principales implicados, tras detenciones previas en septiembre, con la ATIC enfatizando protección a víctimas vulnerables en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Reacciones Institucionales
El Ministerio Público, bajo fiscalías especializadas, solicitó medidas de privación de libertad inmediata, argumentando riesgo de fuga y obstrucción. La Procuraduría General de la República apoya la pesquisa para prevenir impunidad en delitos contra menores, en línea con reformas impulsadas por la gestión saliente de Salud (post-renuncia Carla Paredes). Este suceso resalta fallas sistémicas en protección infantil amid tensiones postelectorales.
Implicaciones Legales y Sociales
Los implicados podrían enfrentar hasta 20 años de reclusión por violación agravada (art. 118 Código Penal), con agravantes por abuso de autoridad y embarazo resultante. El caso genera llamados a auditorías hospitalarias, coincidiendo con polémicas IHSS (L800 millones) y sesiones CN sobre transparencia, subrayando urgencia de reformas en derechos humanos durante transición a Asfura.