El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras, Mario Morazán, publicó un comunicado en el que rechaza las “injurias, calumnias y amenazas” dirigidas contra él y otros funcionarios electorales por parte de actores políticos en el marco de la crisis poselectoral de 2025. En el texto, difundido a través de su cuenta de X y replicado por medios hondureños, el magistrado advierte que estos ataques socavan la independencia judicial y buscan presionar a las instituciones encargadas de resolver los recursos sobre las elecciones generales del 30 de noviembre.
Rechazo a amenazas e “injerencia extranjera”
Morazán denuncia que las campañas de descrédito provienen tanto de dirigentes nacionales como de voces externas que, según afirma, pretenden influir indebidamente en las decisiones del TJE. Señala que ha recibido mensajes intimidatorios y cuestiona lo que describe como “injerencia extranjera” en el debate sobre la validez de los resultados, recordando que la Constitución hondureña garantiza la soberanía y la independencia de los órganos electorales. El magistrado subraya que cualquier intento de coaccionar o amenazar a jueces electorales puede constituir un delito y será documentado para las instancias competentes.
Críticas a la demora del CNE
En el comunicado, el magistrado también cuestiona la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la resolución de impugnaciones y en el avance del escrutinio especial de las actas con inconsistencias. Morazán advierte que el retraso prolonga la incertidumbre y eleva la tensión política, pues deja sin respuesta las quejas de partidos y candidatos, al tiempo que impide al TJE pronunciarse con base en expedientes completos. Reitera que el tribunal solo puede actuar sobre recursos formalmente presentados y resueltos en primera instancia por el CNE, por lo que exhorta a este organismo a cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en la ley.
Llamado a respetar la institucionalidad
El magistrado Morazán hace un llamado a los partidos, líderes políticos y ciudadanía a canalizar sus inconformidades a través de las vías legales y a respetar las decisiones que, en derecho, adopten tanto el CNE como el TJE. Sostiene que la estabilidad democrática depende de que todos los actores acepten el juego institucional, incluso cuando los fallos no coincidan con sus expectativas. Al mismo tiempo, asegura que el Tribunal de Justicia Electoral continuará trabajando con apego a la Constitución y a la normativa vigente, garantizando el derecho de impugnación de los contendientes, pero sin ceder ante presiones mediáticas o políticas.