El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, envió uno de los mensajes más claros de la cúpula militar en medio de la crisis poselectoral que vive el país. El alto mando aseguró que la institución castrense respetará y respaldará la decisión que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto al resultado de los comicios, siempre y cuando el proceso concluya con el cierre total de las actas y se agoten los procedimientos que establece la ley.
Respaldo condicionado al CNE y a las actas
Hernández subrayó que el papel de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad del proceso y la custodia del material electoral, pero no sustituir al órgano electoral ni interferir en el escrutinio. En ese sentido, recalcó que el respaldo militar estará sujeto a que el CNE complete la revisión de la totalidad de las actas, incluidas aquellas con inconsistencias que se tramitan en el escrutinio especial, y que la declaratoria final se emita dentro del marco legal. Este matiz busca transmitir la idea de que la legitimidad de cualquier resultado depende de un conteo exhaustivo y transparente.
Al remarcar el cierre total de las actas como condición, el general recoge una de las principales demandas de los sectores que exigen “voto por voto” y revisión amplia, pero a la vez marca distancia de las presiones políticas directas: la institución, dijo, se alineará con la resolución que, al término del proceso, adopte el CNE, en la medida en que esta se ajuste a la normativa constitucional y electoral vigente.
Alternabilidad del poder y escenario de conflictos
Consultado sobre dos de los escenarios más sensibles —la posibilidad de que el consejero Marlon Ochoa se niegue a firmar la declaratoria oficial y la hipótesis de que la presidenta Xiomara Castro no entregue el poder—, Hernández fue tajante: “Nosotros vamos a dirigirnos conforme a la Constitución de la República de garantizar la alternabilidad del poder”. Con esa frase, el jefe militar envía una doble señal: por un lado, recuerda que el mandato de las Fuerzas Armadas incluye velar por la sucesión pacífica y periódica en la jefatura del Estado; por otro, sugiere que la institución no respaldará tentativas de prórroga o desconocimiento de resultados, vengan de donde vengan.
El énfasis en la alternabilidad es especialmente significativo en un país con el recuerdo reciente del golpe de 2009 y de la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017 bajo fuerte controversia. En esta ocasión, el mensaje del alto mando intenta disipar temores de que los militares se inclinen por uno u otro bando político: la “línea roja” declarada es el respeto al orden constitucional y al calendario de traspaso de mando una vez que el CNE proclame oficialmente a un ganador.
Papel de las Fuerzas Armadas en la crisis poselectoral
En el contexto de protestas, bloqueos y denuncias de fraude que rodean el escrutinio especial, las declaraciones de Hernández buscan ubicar a las Fuerzas Armadas como un actor de contención institucional, no como protagonista político. El general reiteró que los uniformados continuarán resguardando los centros de acopio y las rutas de traslado del material electoral, y que su intervención en manifestaciones deberá ceñirse a la coordinación con la Policía y al respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, la historia hondureña y la propia mención de un posible “no abandono del poder” por parte del Ejecutivo hacen que cada palabra del alto mando sea leída con lupa por oficialismo y oposición. Para unos, la reafirmación de la alternabilidad es una garantía frente a temores de ruptura institucional; para otros, deja abierta la puerta a que los militares terminen arbitrando el desenlace si la disputa por la legitimidad de los resultados se prolonga o si un sector desconoce la declaratoria del CNE.
Mensaje a la clase política y a la ciudadanía
En el trasfondo, el pronunciamiento de Roosevelt Hernández puede interpretarse como un llamado a la clase política a resolver sus diferencias dentro de los cauces legales y a no arrastrar a las Fuerzas Armadas a un nuevo conflicto de lealtades. Al condicionar su respaldo al cierre total de las actas y al respeto de la alternancia, el alto mando fija un marco: el desenlace deberá pasar por el CNE y por la Constitución, no por presiones callejeras ni por decisiones unilaterales del Ejecutivo o de la oposición.
Para una ciudadanía cansada de crisis recurrentes y de denuncias de fraude, el mensaje militar aporta al menos una certeza formal: cualquiera sea el resultado final, la institución castrense declara que se alineará con el mandato constitucional de garantizar el cambio de gobierno en la fecha prevista. Falta por ver si el CNE logra cerrar el escrutinio con suficiente transparencia y consenso como para que esa alternabilidad no sea solo un requisito legal, sino también un acto aceptado por la mayoría de hondureños.