Tegucigalpa, Honduras. – En un hecho que marca un punto de no retorno en la crisis postelectoral, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso formalmente este 21 de diciembre una Acción de Hábeas Corpus (Exhibición Personal) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el desconocimiento del paradero y la posible retención ilegítima de dos consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE): la Dra. Ana Paola Hall García y la Abg. Cossette Alejandra López-Osorio.
El comunicado oficial, fechado el 22 de diciembre, confirma la gravedad de una situación que trascendió los rumores y se instaló en el corazón del Estado de Derecho hondureño. La Procuraduría, encabezada por el procurador Manuel Antonio Díaz, no solo actúa por la integridad de las funcionarias, sino que eleva la alerta al máximo nivel: advierte que este hecho “podría afectar la estabilidad institucional y política del país, la paz social, la seguridad de la Nación, la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la democracia hondureña”.
Los Hechos: Un Vacío de Poder en el Órgano Electoral
La acción legal tiene como fin que la Corte Suprema verifique “de manera inmediata y directa” la situación de las consejeras, garantizando sus derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad. La palabra clave, confirmada por fuentes jurídicas, es “posible retención ilegítima”, lo que implica que la PGR maneja indicios de que las magistradas no están desaparecidas por voluntad propia, sino que podrían estar sujetas a secuestro, coerción o detención arbitraria.
Este vacío deja al CNE –ya bajo fuego cruzado por denuncias de fraude y con miles de actas impugnadas– en un estado de parálisis técnica y legitimidad quebrada. Con dos de sus cinco consejeras propietarias fuera de contacto y bajo amenaza, la toma de decisiones colegiadas para resolver el empate electoral entre Salvador Nasralla (LIBRE) y Nasry Asfura (Partido Nacional) queda en un limbo jurídico.
El Contexto Explosivo: Un País al Borde del Abismo
La desaparición de las consejeras es el eslabón más crítico de una cadena de eventos que tiene a Honduras al borde de una ruptura institucional:
Resultados en Suspenso: A una semana de las elecciones, no hay un ganador oficial. Las impugnaciones masivas mantienen el resultado en un limbo estadístico.
Llamado a la Insurrección Cívica: Salvador Nasralla ha convocado un paro nacional para el 26 de diciembre, acusando al CNE y al gobierno de un “fraude monumental”.
Fractura en la Oposición: Mientras la diputada Maribel Espinoza (PLH) rechaza la repetición de elecciones, su propio partido libra una guerra interna por el control de su narrativa, denunciando que su cuenta oficial fue “secuestrada”.
Presión Internacional: La comunidad internacional, con la OEA y Estados Unidos a la cabeza, observa con creciente alarma la posibilidad de un colapso democrático.
Las Hipótesis: ¿Quién y Por Qué?
Analistas y organismos de derechos humanos manejan tres escenarios principales:
Coacción Institucional: La retención buscaría presionar o amedrentar al pleno del CNE para que declare un ganador específico o, por el contrario, anule el proceso, justificando una intervención extrainstitucional.
Operación de Poderes Fácticos: Grupos ilegales (narcotráfico, redes de corrupción) o sectores radicalizados del Estado profundo podrían estar enviando un mensaje: tienen la capacidad de desestabilizar el sistema desde adentro.
Cortina de Humo y Caos Controlado: Una minoría especula que podría buscarse crear tal nivel de caos que justifique la intervención de las Fuerzas Armadas o la proclamación de un “gobierno de salvación nacional”.
Reacciones: Alarma Nacional e Internacional
Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos: Emitió un comunicado expresando “extrema preocupación” e instó al Estado a agotar todos los medios para encontrar a las consejeras con vida y garantizar su seguridad.
Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH): “Esto ya no es una crisis electoral; es una emergencia humanitaria y democrática. La comunidad internacional debe actuar para proteger a las funcionarias y al proceso”.
Círculos Jurídicos: “El Hábeas Corpus es la herramienta correcta, pero la Corte Suprema debe actuar en horas, no en días. Cada minuto que pasa es una condena a la credibilidad del país”, afirmó un constitucionalista bajo reserva.
Un Llamado a la Corte Suprema: La Última Línea de Defensa
La acción presentada por la Procuraduría coloca toda la responsabilidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que debe ahora:
Ordenar de inmediato la búsqueda y exhibición personal de Hall García y López-Osorio.
Exigir informes a todas las instituciones de seguridad del Estado.
Garantizar medidas de protección para el resto de consejeros y funcionarios del CNE.
Conclusión: Con la interposición de este Hábeas Corpus, Honduras ha cruzado un umbral peligroso. La desaparición de las consejeras electorales no es un incidente aislado; es un ataque directo y coordinado contra el árbitro último de la democracia. El Estado hondureño enfrenta ahora la prueba definitiva: su capacidad para rescatar a sus propias autoridades, proteger el orden constitucional y evitar que el país se sumerja en una violencia irreversible. Las próximas 48 horas serán históricas.