El Ministerio Público de Honduras ejecutó una nueva ofensiva contra el crimen organizado financiero, al desarticular una red de lavado de activos procedentes de la extorsión que habría movido más de 34 millones de lempiras mediante billeteras electrónicas y cuentas bancarias. La operación incluyó allanamientos y capturas en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y en Juticalpa, Olancho, y se desarrolló bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y la Policía Militar del Orden Público.
Modus operandi de la red
De acuerdo con la información oficial, los sospechosos llegaban a negocios y amenazaban a los propietarios para que depositaran fuertes sumas de dinero en cuentas bancarias registradas a sus nombres o a terceros, exigiendo luego el envío del comprobante a un número telefónico que ellos controlaban. También se identificó el uso de billeteras electrónicas como mecanismo para captar y movilizar el dinero, lo que permitía fragmentar las transacciones y dificultar su rastro inmediato.
Las pesquisas revelan que desde el centro penal de Támara se habrían realizado múltiples llamadas extorsivas, en las que los reclusos advertían a las víctimas que, si no acreditaban el dinero a las cuentas indicadas, atentarían contra sus vidas. Esta coordinación entre internos y cómplices en libertad habría permitido sostener por años el esquema de cobros ilegales a comerciantes y ciudadanos.
Montos detectados y principales implicados
Un dictamen financiero estableció que uno de los imputados movió en el sistema bancario nacional, entre créditos y débitos, más de 23.4 millones de lempiras mediante nuevas cuentas y una billetera electrónica, cifra que da cuenta de la dimensión económica de la estructura. Otra persona señalada habría operado en los últimos cinco años con millones de lempiras en movimientos bancarios y de billeteras, mientras que un tercer implicado estaría vinculado con más de 6.4 millones de lempiras.
Alcance de los operativos y respuesta institucional
Los allanamientos en Tegucigalpa y Juticalpa se realizaron de forma simultánea para asegurar evidencia documental, dispositivos electrónicos y registros financieros que respalden la acusación por lavado de activos y extorsión. Las autoridades destacan que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para golpear las finanzas de las estructuras criminales que operan tanto desde las calles como desde los centros penitenciarios, y anunciaron que continuarán las investigaciones para ubicar posibles testaferros y nuevas cuentas utilizadas por la red.