El abogado Carlos Chajtur abrió un nuevo frente en la batalla política poselectoral al presentar una denuncia penal contra la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ante la Fiscalía de Delitos Electorales en Tegucigalpa. Según el escrito, el jurista acusa a la titular del organismo de usurpación de la personalidad de otros y de haber incurrido en posibles delitos electorales al divulgar resultados y proyecciones ajenas a las atribuciones legales del CNA.
Denuncia por usurpación de funciones y delitos electorales
Chajtur sostiene que el CNA, bajo la dirección de Castellanos, se habría arrogado funciones que corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), al presentar públicamente resultados de su propio conteo de actas en las elecciones generales de 2025. Alega que, al “hablar en nombre de otros” y anticipar escenarios sobre quién ganaba la contienda sin que existiera una declaración oficial, se configuraría el delito de usurpación de personalidad y una posible violación a la normativa electoral.
El abogado también cuestiona el uso de una plataforma independiente del CNA para cargar y procesar actas electorales, argumentando que la institución no tiene mandato para replicar el sistema de transmisión oficial ni para ejercer funciones propias del órgano electoral. Para él, la divulgación de datos preliminares podría haber influido en la percepción pública del proceso y en el clima de incertidumbre durante el conteo oficial.
Señalamientos sobre vínculos y sistema informático
En sus declaraciones a medios, Chajtur afirmó que existe una “vinculación muy personal” entre Castellanos y una consejera del CNE, insinuando que dicha relación habría permitido conexiones indebidas entre el sistema informático electoral y la plataforma del CNA. Mencionó, además, preocupaciones por audios divulgados en los que se habla de tráfico de credenciales y de un supuesto enlace entre el sistema del CNE y el del CNA, hechos que pide sean investigados por el Ministerio Público.
El denunciante insistió en que el rol del Consejo Nacional Anticorrupción debería centrarse en investigar eventuales irregularidades y corrupción de funcionarios y actores políticos, y no en “declarar ganadores” ni anticipar resultados. En su criterio, al emitir juicios sobre el desenlace electoral sin concluir el escrutinio oficial, el organismo habría desnaturalizado su función y afectado la confianza en las instituciones.
Posición del CNA y debate público
El CNA ha defendido en otras ocasiones el uso de herramientas de conteo rápido como ejercicios de observación y veeduría ciudadana, subrayando que sus proyecciones no sustituyen las cifras oficiales del CNE y que se basan en actas públicas y el trabajo de voluntarios. La institución plantea este tipo de iniciativas como un aporte a la transparencia en contextos de alta desconfianza y lentitud en la transmisión de resultados.
La denuncia de Chajtur alimenta un intenso debate público sobre los límites de la observación electoral independiente y la interpretación de los delitos electorales en Honduras. Mientras sectores afines al oficialismo la presentan como un intento de acallar al principal organismo anticorrupción del país, críticos del CNA sostienen que se cruzó una línea al asumir un papel que podría percibirse como paralelo al del árbitro electoral.
Escenario jurídico y político abierto
El caso queda ahora en manos de la Fiscalía de Delitos Electorales, que deberá decidir si abre una investigación formal, archiva la denuncia o solicita diligencias adicionales. De avanzar, podría derivar en citaciones, requerimientos de información técnica sobre plataformas digitales y revisión de la actuación del CNA durante la jornada electoral.
Más allá del desenlace judicial, el episodio confirma la polarización poselectoral y coloca nuevamente en el centro del escenario a Gabriela Castellanos, figura clave en las denuncias de corrupción y observación ciudadana en los últimos años. La controversia también presiona al Congreso y al propio CNE para definir con mayor precisión el marco legal de la observación electoral y el papel de organizaciones de la sociedad civil en futuros procesos.
