Bristol es hoy uno de los símbolos más claros de cómo el mapa legal del aborto en Estados Unidos quedó fragmentado tras el fallo de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade en 2022. La ciudad, de unos 44.000 habitantes, está partida literalmente en dos: una mitad pertenece al estado de Virginia y la otra a Tennessee, y la línea fronteriza corre por la calle principal. En la práctica, eso significa que un procedimiento de aborto puede ser legal en un lado de la carretera e ilegal en el otro, con consecuencias directas para las mujeres y el personal sanitario que viven y trabajan allí.
Una frontera en medio de la calle
Bristol es una “ciudad gemela”: Bristol, Virginia, y Bristol, Tennessee, comparten nombre, vida cotidiana, comercios y familias, pero están sujetas a leyes estatales distintas sobre el aborto. Tras la sentencia de 2022 que devolvió a los estados la potestad de legislar sobre esta práctica, Tennessee activó una de las prohibiciones más estrictas del país, que prohíbe prácticamente todos los abortos y contempla sanciones penales para médicos que los practiquen, salvo excepciones muy limitadas de emergencia médica. En Virginia, en cambio, el aborto sigue siendo legal hasta alrededor de las 26 semanas de gestación, con regulaciones menos restrictivas que en gran parte del sur del país.
Esa diferencia convierte a la línea estatal que cruza la State Street en algo mucho más que un límite simbólico: pacientes y proveedores deben vigilar en qué lado de la calle se encuentran, qué consultorio está bajo jurisdicción de qué estado y cómo se desplazan mujeres que buscan atención desde Tennessee hacia clínicas del lado de Virginia. Para muchos vecinos, la vida cotidiana transcurre entre dos marcos legales opuestos, lo que ha vuelto a Bristol un caso de estudio sobre cómo se vive la pos-Roe en las “fronteras interiores” de Estados Unidos.
Cierre y traslado de clínicas
Tras la prohibición en Tennessee, las clínicas que ofrecían interrupción del embarazo en ese estado tuvieron que cesar sus servicios o cerrar por completo, incluida la instalación que atendía a mujeres de la zona de Bristol y de otros condados rurales cercanos. Activistas y organizaciones proelección trabajaron entonces para reubicar la atención al otro lado de la frontera, en territorio de Virginia, donde la ley todavía permite el procedimiento.
Este “corrimiento” de servicios hacia estados vecinos se ha repetido en otras partes del país, pero en Bristol ocurre en pocos metros: basta cruzar la calle para que cambie el marco legal. Para las pacientes, eso implica viajes algo más largos, mayor planificación y, a menudo, la necesidad de sortear presiones sociales y religiosas en una comunidad conservadora donde los grupos antiaborto organizan protestas y vigilias cerca de las clínicas que siguen operando del lado de Virginia.
Tensión política y efectos en la comunidad
La situación ha generado una fuerte tensión política local. Dirigentes y legisladores de Tennessee apoyan la prohibición casi total, presentándola como una victoria para el movimiento “provida” del sur profundo. Del lado de Virginia, sectores conservadores presionan para endurecer las leyes y evitar que el estado se convierta en “refugio” regional para mujeres que buscan interrumpir embarazos desde territorios vecinos más restrictivos.
Mientras tanto, los gobiernos locales deben gestionar problemas prácticos: desde el tránsito de pacientes entre estados y la seguridad en torno a las clínicas, hasta la convivencia entre vecinos con visiones radicalmente opuestas. Para muchos residentes, la frontera legal ha acentuado divisiones que ya existían, pero también ha unido a personas que, sin compartir la misma ideología, se ven obligadas a entender las complejidades de vivir en una ciudad donde cruzar la calle puede significar cambiar de derechos.
Un espejo de la pos-Roe en EE.UU.
El caso de Bristol resume la realidad de un país en el que el acceso al aborto depende hoy del código postal. Tras la caída de Roe, una docena de estados del sur y el centro del país han aprobado prohibiciones casi totales o restricciones tan severas que el acceso práctico al servicio se ha vuelto prácticamente imposible. En otros, como Virginia, Minnesota o California, el aborto se mantiene legal y se impulsa su protección, lo que crea corredores de viaje para quienes pueden costear desplazamientos y dejar atrás temporalmente sus comunidades.
En ese mapa quebrado, Bristol se ha convertido en una metáfora poderosa: una sola ciudad, misma calle, mismas familias, pero dos regímenes legales que marcan de manera radical las opciones reproductivas de sus habitantes. Para muchas mujeres de la región, su derecho —o no— a decidir sobre un embarazo ya no depende de un tribunal federal, sino del lado de la calle en el que logren ser atendidas.