Ministerio Público Acusa a Propietario de Restaurante por Expolio de 52 Piezas Arqueológicas Precolombinas en Santa Bárbara
Tegucigalpa, 26 de noviembre de 2025 – En un golpe contra el tráfico ilícito de bienes culturales, el Ministerio Público (MP) de Honduras presentó este martes un requerimiento fiscal contra Mario Antonio López Portillo, propietario del hotel y restaurante "Charancá" (también referido como "Charancaco") en Quimistán, departamento de Santa Bárbara. El empresario enfrenta cargos por el delito de expolio de un sitio arqueológico, tras el hallazgo de 61 piezas históricas en su establecimiento, de las cuales 52 fueron confirmadas como originales de la época precolombina por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
El caso, que ha generado alarma entre expertos en patrimonio cultural, surgió de una denuncia anónima recibida por las autoridades. Según el MP, la inspección conjunta realizada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el IHAH en el kilómetro 54 de la carretera CA-4, en Quimistán, reveló que las piezas –incluyendo cerámicas, herramientas y artefactos de piedra– estaban exhibidas de manera decorativa en el restaurante, sin ningún registro legal. "Estas reliquias forman parte del patrimonio inalienable de la nación y representan la identidad y memoria colectiva del pueblo hondureño", enfatizó la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) en su comunicado oficial.
Detalles del Hallazgo y la Investigación
La denuncia anónima alertó sobre la posible posesión irregular de objetos con valor arqueológico en el establecimiento, un popular punto de descanso en la ruta hacia el occidente del país. El allanamiento, ejecutado la semana pasada, permitió el decomiso de las 61 piezas, que abarcan desde vasijas utilitarias hasta figuras rituales datadas entre los siglos V y X d.C., pertenecientes a culturas indígenas como la maya-lenca predominante en la región de Santa Bárbara.
Un informe técnico del IHAH, entregado al MP, confirmó la autenticidad de 52 de estos objetos, descartando las restantes nueve como réplicas modernas. "El propietario no reportó el hallazgo ni solicitó autorización para su tenencia, violando directamente la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación", detalló el fiscal especial, quien prefirió mantener su identidad reservada por razones de seguridad. El requerimiento fiscal fue presentado ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, donde López Portillo podría enfrentar hasta 10 años de prisión si se prueba su responsabilidad en el expolio.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las piezas podrían provenir de excavaciones ilegales en sitios cercanos, como el de Gualjoquito –un yacimiento arqueológico registrado desde la década de 1930 en el municipio homónimo de Santa Bárbara–, donde se han documentado evidencias de ocupación precolombina. Aunque no se ha establecido un vínculo directo, el MP no descarta que el caso forme parte de una red mayor de saqueo en la zona noroccidental del país.
Contexto Legal: La Ley que Protege el Pasado Hondureño
El delito imputado se enmarca en la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 220-97), promulgada en 1997 y reformada en años posteriores para fortalecer la salvaguarda de ruinas, artefactos y sitios históricos. Esta norma declara que todos los bienes culturales –desde ruinas mayas como Copán hasta objetos cotidianos precolombinos– son propiedad permanente e inalienable del Estado. El artículo 4 establece que cualquier hallazgo debe reportarse inmediatamente al IHAH, bajo pena de multas equivalentes a hasta 500 salarios mínimos o prisión de 3 a 10 años por expolio. Además, prohíbe la exportación, venta o exhibición sin permiso, con sanciones agravadas si involucran crimen organizado.
Expertos consultados por este medio destacan que Honduras, con más de 500 sitios arqueológicos registrados, pierde anualmente miles de piezas por saqueo ilegal. Según un informe del IHAH de 2017, solo el 2% de los bienes culturales robados son recuperados, con casos emblemáticos como el saqueo de iglesias coloniales en Macholoa (Santa Bárbara) y Ajuterique (Comayagua) en 1993, donde se perdieron docenas de imágenes religiosas. "El tráfico ilícito no solo depreda nuestro suelo, sino que borra la historia de comunidades indígenas que aún custodian estas tradiciones", advierte un arqueólogo del IHAH, quien solicitó anonimato.
En redes sociales, el caso ha generado debate. El perfil oficial del MP en X (anteriormente Twitter) compartió imágenes de las piezas decomisadas, acumulando cientos de interacciones en horas. Usuarios como @criteriohn resaltaron la urgencia de mayor fiscalización: "Es hora de que el patrimonio no sea trofeo de privados, sino legado público".
El Legado Arqueológico de Santa Bárbara: Una Región Rica pero Vulnerada
Santa Bárbara, conocida como "La Joya del Occidente", alberga vestigios de civilizaciones milenarias que fusionan influencias mayas, lencas y coloniales. Sitios como Gualjoquito revelan tumbas y estructuras ceremoniales del período posclásico, pero la pobreza rural y la falta de vigilancia han facilitado el huaqueo –práctica tradicional de excavación clandestina– durante décadas. En 2018, reportes locales denunciaron "actos vandálicos" en la zona, vinculados a grupos armados que usaban el saqueo como fuente de ingresos.
Este incidente en "Charancá" no es aislado: en marzo de 2025, el Secretariado de las Culturas Americano y del Patrimonio Hondureño (Secapph) alertó sobre el "flagelo permanente" del tráfico, que amenaza con despojar al país de su herencia UNESCO, como las ruinas de Copán. Organizaciones como el Centro de Documentación e Investigación Hondureño de Historia (CDIHH) llaman a campañas de sensibilización en emisoras locales para educar a comunidades sobre la ley.
Hacia una Mayor Protección: Llamados a la Acción
El MP reiteró su compromiso con la "defensa intransigente" del patrimonio, anunciando operativos conjuntos con el IHAH en zonas vulnerables. "Proteger estas piezas es salvaguardar nuestra identidad; el expolio es un crimen contra la historia compartida", concluyó el comunicado.
Mientras el juzgado evalúa el requerimiento –con audiencia preliminar programada para la próxima semana–, activistas culturales urgen al Congreso una reforma para endurecer penas y crear un fondo de recuperación de bienes. En un país donde el 80% de los sitios arqueológicos permanecen inexplorados, este caso podría ser el catalizador para una política más robusta contra el olvido forzado de las raíces hondureñas.