Estados Unidos solicita sesión especial en la OEA por crisis electoral en Honduras a 10 días de las elecciones generales
Tegucigalpa/Washington, 20 de noviembre de 2025 – A solo diez días de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, la Misión Permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió una carta formal expresando "profunda preocupación" por los recientes desarrollos que amenazan la autonomía e independencia de las instituciones electorales hondureñas. El documento, fechado el 19 de noviembre y dirigido al embajador de Chile, Tomás Ignacio Pascual Ricke –presidente del Consejo Permanente de la OEA–, propone convocar una sesión especial el próximo 25 de noviembre para que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) rindan cuentas directamente ante el organismo hemisférico.
La misiva, firmada conjuntamente con otros países aliados (aunque no se detallan en el texto público, fuentes diplomáticas señalan la participación de naciones como Canadá, Perú y varios centroamericanos), destaca "riesgos graves" para la autonomía de los órganos electorales, retrasos en el cronograma, procesamiento de actas y, sobre todo, "amenazas a funcionarios electorales" que podrían derivar en intimidación o persecución. Estados Unidos subraya que el CNE debe operar "independientemente, sin presiones indebidas y conforme a la ley hondureña", y llama a todas las instituciones –incluidas las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial– a actuar con "rigurosa fidelidad a la Constitución" para garantizar la integridad del proceso y la seguridad personal de los funcionarios electorales.
Contexto de la crisis
Honduras vive desde hace meses una profunda crisis institucional en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano creado en 2019 y compuesto por representantes de los tres principales partidos (Libre, Nacional y Liberal). Las tensiones internas han provocado:
- Paralización de decisiones clave (adjudicación de contratos TREP, transporte de material electoral).
- Denuncias cruzadas de traición a la patria, abuso de autoridad y obstrucción.
- Incautaciones del Ministerio Público en las instalaciones del CNE.
- Audios filtrados que sugieren presuntos planes de alteración de resultados (denunciados por la presidenta Xiomara Castro como "golpe electoral").
- Amenazas y citaciones judiciales contra consejeros y magistrados del TJE.
Organizaciones como Transparencia Electoral, WOLA y juristas independientes han advertido que estas disputas, combinadas con la instrumentalización del Ministerio Público y la omisión del Poder Judicial en resolver recursos, configuran una "ruptura material del orden constitucional". Encuestas recientes muestran que más del 75 % de los hondureños tiene poca o ninguna confianza en el CNE, y cerca del 50 % teme fraude.
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, ha emitido varios comunicados en las últimas semanas exigiendo "plena autonomía" para los órganos electorales y alertando sobre "acciones del Ministerio Público que socavan la independencia". La Unión Europea, que también desplegó una misión de 120 observadores, ha reclamado "transparencia, credibilidad e inclusión" y garantías contra presiones políticas.
Reacciones iniciales
Hasta el momento, el gobierno hondureño no ha respondido oficialmente a la propuesta de sesión especial. Fuentes del Ejecutivo han calificado la carta como "injerencia", mientras que sectores opositores la celebran como un mecanismo necesario para "salvaguardar la democracia". La presidenta Xiomara Castro, quien no puede reelegirse, ha denunciado repetidamente intentos de "golpe blando" desde sectores conservadores y externos.
La sesión propuesta para el 25 de noviembre –cinco días antes de los comicios– podría convertirse en un momento decisivo: un respaldo amplio del Consejo Permanente fortalecería la presión internacional para que el proceso del 30 de noviembre transcurra sin interferencias; un rechazo o dilación, en cambio, profundizaría la polarización.
Con más de 6,5 millones de hondureños habilitados para votar y cinco candidatos presidenciales en competencia (Rixi Moncada por Libre, Salvador Nasralla por Liberal, Nasry Asfura por Nacional, entre otros), las elecciones del 30 de noviembre no solo definirán el sucesor de Xiomara Castro, sino que pondrán a prueba la resiliencia democrática de un país marcado por el golpe de 2009 y fraudes posteriores en 2013 y 2017.
La comunidad internacional, con misiones de la OEA y la UE ya desplegadas, observa con atención. Cualquier percepción de manipulación podría desencadenar una crisis pos-electoral de imprevisibles consecuencias para Honduras y la región centroamericana.