Estado de excepción y ola de violencia política ensombrecen las elecciones generales en Honduras
Río Helado, Santa Bárbara / Tegucigalpa, 25 de noviembre de 2025 (EFE / Especial para este medio). A seis días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras transita un clima de profunda incertidumbre marcado por la extensión de un estado de excepción que limita derechos fundamentales y una escalada de violencia política que ha cobrado la vida de inocentes, incluyendo niños. Reportes de atentados, amenazas e intimidaciones contra candidatos, activistas y votantes han multiplicado las alertas de observadores internacionales, que temen por la integridad del proceso electoral en un país donde la democracia parece colgar de un hilo.
El caso de Arnol Caleb Hernández Díaz, un niño de cinco años asesinado a balazos el 18 de noviembre en la aldea La Cuesta, departamento de Santa Bárbara (oeste del país), se ha convertido en el símbolo más desgarrador de esta tensión. El menor, quien soñaba con ser policía y construir casas para su madre y abuela, recibió un disparo en la cabeza mientras regresaba con su familia de una concentración del Partido Libertad y Refundación (Libre), el oficialismo en el poder. Una niña de 14 años resultó herida en el mismo ataque, perpetrado por al menos cinco disparos desde un vehículo desconocido, según el testimonio de testigos.
Rosita Díaz, madre del pequeño y ama de casa dedicada a la recolección de café, rompió en llanto al recordar a su hijo durante una entrevista con EFE en su humilde vivienda de adobe en el caserío Río Helado. "Quería ser grande para cuidarnos", dijo Díaz, mostrando un carrito de juguete comprado hace dos semanas y las botas de hule que Arnol llevaba puestas el día de su muerte. El niño falleció en brazos de su abuela, Ramona Hernández, en el interior de una camioneta de doble cabina aparentemente propiedad de una diputada de Libre, que transportaba a un grupo de familiares y vecinos de regreso a la comunidad bajo la noche.
El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra José Elder Hernández Ramos, un jornalero de 28 años identificado por testigos como el responsable del tiroteo. Además del homicidio agravado, se le imputan lesiones a la menor herida. Hernández Ramos, originario de la zona, enfrenta también cargos por otro delito previo, según fuentes judiciales. El MP solicitó prisión preventiva mientras avanza la investigación, que apunta a posibles motivaciones políticas, aunque no se descartan vínculos con pandillas locales. Este incidente no es aislado: en los últimos meses, al menos 12 homicidios políticos han sido reportados en el contexto electoral, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), afectando a precandidatos de oposición y activistas de derechos humanos.
La violencia trasciende los casos individuales y se entrelaza con el estado de excepción parcial decretado en diciembre de 2022 para combatir a las maras (pandillas como la MS-13 y Barrio 18), que cubre 226 de los 298 municipios hondureños. El pasado 12 de noviembre, el Congreso, dominado por Libre, lo extendió por 45 días más, justo en la recta final de la campaña. Esta medida suspende garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la libertad de movimiento en zonas focalizadas, permitiendo detenciones sin orden judicial y allanamientos exprés. Según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la violencia pandillera ha disminuido un 30% durante el mandato de la presidenta Xiomara Castro gracias a estas acciones, pero las manifestaciones públicas de terror han cedido espacio a formas más sutiles de control territorial, exacerbando el miedo en comunidades rurales y urbanas.
"Honduras se acerca a unas elecciones generales ensartada en un sombrero que ningún país que aspire a llamarse democrático debería tolerar: un proceso electoral bajo estado de excepción", denunció en redes sociales Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La activista subrayó que esta extensión no solo vulnera derechos humanos, sino que genera un "efecto inhibidor" sobre la participación ciudadana, con reportes de intimidación selectiva contra votantes opositores en regiones como Olancho y Colón.
El panorama político agrava las sombras. Las elecciones del domingo elegirán al sucesor de Castro —quien no puede reelegirse por mandato único— entre una docena de aspirantes, pero la contienda se polariza en tres bloques: Rixi Moncada, ministra de Finanzas y candidata de Libre, lidera las encuestas con promesas de "refundación" social; Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH), denuncia "golpe blando" contra la institucionalidad electoral; y Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional (PNH), apuesta por la experiencia en seguridad. Acusaciones cruzadas de fraude electoral, uso de recursos públicos y manipulación judicial dominan el cierre de campañas, que concluyó este lunes en un "silencio electoral" formal, aunque las redes sociales bullen de tensiones.
El CNE, órgano rector, enfrenta presiones inéditas: la consejera Cossette López alertó sobre vulnerabilidades cibernéticas en sus sistemas y bloqueos a direcciones IP detectados en las primarias de marzo, mientras el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha sido blanco de "lawfare" —uso político de la justicia— con detenciones de funcionarios por supuesta corrupción. Plataformas como Defensores de Honduras y el Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes como Iván Duque, han emitido comunicados exigiendo respeto a la autonomía electoral. "No podemos permitir otro golpe contra la democracia en nuestra región", advirtieron en un joint statement.
La comunidad internacional eleva la voz de alarma. La Organización de Estados Americanos (OEA) sesionó este lunes en Washington sobre "riesgos" en Honduras, con énfasis en la intervención militar propuesta por Castro para "garantizar" los comicios —una medida criticada por el Congreso de EE.UU. como "conflictiva" y reminiscentes de autoritarismos regionales. Human Rights Watch (HRW) y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han documentado al menos 25 incidentes de violencia política desde octubre, incluyendo amenazas a periodistas y desplazamientos forzados en el oriente del país. La embajada de EE.UU. en Tegucigalpa reiteró su compromiso con "elecciones pacíficas", citando al expresidente Donald Trump: "La paz se logra mediante la fuerza, pero también mediante la vigilancia democrática".
En Río Helado, Rosita Díaz guarda los restos de la primera bicicleta de Arnol bajo un árbol, junto a un caballito amarillo de plástico. "No sé por qué nos atacaron, solo íbamos a una reunión pacífica", confiesa, mientras sus otros cuatro hijos —de 20, 18, 15 y 11 años— miran en silencio. El temor se extiende: en X (antes Twitter), usuarios como @ManuelGuevaraB advierten de un "chavismo aplicado con violencia" para retener el poder, mientras @TommyZambranoM clama por unidad opositora contra un "estado fallido".
A medida que amanece el "período de reflexión", Honduras se prepara para un domingo de votación bajo vigilancia militar y con urnas en 18 departamentos. Observadores como la Unión Europea y la OEA desplegarán 300 enviados, pero la pregunta persiste: ¿podrá la voluntad popular perforar el velo de excepción y balas? Como dijo Nasralla en su cierre de campaña: "La violencia no nos detendrá; el pueblo refundará este país con su voto". Solo el 30 de noviembre dirá si la democracia hondureña resiste, o si el ciclo de impunidad se cierra una vez más.