Dos condenados por el asesinato de la exparlamentaria hondureña Carolina Echeverría
La justicia de Honduras avanza en un caso que conmocionó al país, vinculado a la violencia política y el crimen organizado.
Tegucigalpa, 27 de noviembre de 2025. – La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpables a Javier Edgardo Montalván Gonzáles y Jony Ramiro Rivera Mejía por su participación en el asesinato de la exparlamentaria Edna Carolina Echeverría Haylock, así como por el intento de homicidio contra su esposo, Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, y el robo agravado a un testigo protegido.
El fallo, emitido por unanimidad, confirma la prisión preventiva para ambos acusados, quienes formaron parte de un comando de cuatro individuos que, disfrazados con trajes de bioseguridad, ingresaron a la vivienda de la exparlamentaria el 25 de julio de 2021 en la residencial Lomas del Mayab. Aproximadamente a las 6:30 p.m., los atacantes dispararon contra Echeverría y su esposo, quien intentó repeler la agresión. La exparlamentaria falleció en el acto, mientras que Urtecho resultó herido.
Durante el juicio, se presentaron 49 medios de prueba, entre testimonios, documentos, evidencias físicas y peritajes, que sustentaron la responsabilidad de los acusados. Este proceso también ha llevado a la condena previa de Dennis Abel Ordóñez García y Walter Antonio Mautte Raudales, vinculados al mismo crimen.
El caso de Carolina Echeverría, quien se desempeñó como diputada en el Congreso Nacional de Honduras, ha sido emblemático en la lucha contra la impunidad en un contexto marcado por la violencia política y la influencia del crimen organizado. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han seguido de cerca el desarrollo del proceso, destacando la importancia de este fallo como un paso hacia la justicia para las víctimas de ataques dirigidos.
La Audiencia de Individualización de la pena está programada para el 11 de diciembre de 2025, donde se determinará la condena definitiva para Montalván y Rivera.
Este veredicto se enmarca en los esfuerzos del sistema judicial hondureño por fortalecer la respuesta penal frente a delitos de alta complejidad, en un país donde la violencia contra figuras públicas y defensores de derechos humanos sigue siendo un desafío pendiente.