Alerta en el CNE: Cossette López denuncia irregularidades en el censo electoral con policías, militares y reclusos habilitados a votar a tres días de las elecciones
Tegucigalpa, Honduras – A solo 72 horas de las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, ha elevado una denuncia formal por graves inconsistencias en el Censo Nacional Electoral. Según López, al menos 107 miembros fallecidos de la Policía Nacional figuran como habilitados para sufragio, al igual que personas privadas de libertad y efectivos activos de cuerpos de seguridad, lo que viola la legislación hondureña y pone en riesgo la integridad del proceso democrático.
En una carta dirigida este miércoles a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, López solicitó de manera urgente la emisión de comunicaciones oficiales a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El plazo máximo para recibir los listados actualizados es de 24 horas, con el fin de depurar el padrón e implementar mecanismos de alerta automática en el sistema informático del CNE. "La actualización oportuna de todos estos datos garantizará la depuración del censo electoral, el cumplimiento del marco legal y la transparencia del proceso democrático", enfatizó López en su misiva, según el documento filtrado a medios locales.
La denuncia revela un panorama alarmante: el artículo 37 de la Constitución de la República y la Ley Electoral prohíben explícitamente el voto a miembros activos de las fuerzas de seguridad y militares en servicio, con el objetivo de preservar su neutralidad política. Sin embargo, López alertó que "se ha identificado la presencia de personas actualmente incluidas en el Censo Nacional Electoral que, de acuerdo con la legislación hondureña, se encuentran inhabilitadas para ejercer el sufragio, ya sea por su situación jurídica o por las funciones públicas que desempeñan". Entre los casos detectados, destacan reclusos de centros penitenciarios que aparecen como electores hábiles, así como agentes policiales y militares recientemente contratados o dados de baja, cuyos registros no se han actualizado en el padrón.
Esta no es la primera irregularidad que sacude al CNE en la recta final de la campaña. López, conocida por su postura firme en defensa de la transparencia, ha acumulado una serie de denuncias en las últimas semanas. El pasado 22 de noviembre, por ejemplo, reveló que en el departamento de Colón se entregaron irregularmente las llaves de un recinto electoral a efectivos militares, prohibiendo la presencia de observadores ciudadanos y restringiendo el control civil sobre las maletas electorales. "De forma irregular e inédita, el Consejo Electoral Departamental de Colón decidió entregar a militares las llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales y permitir que permanezcan dentro del establecimiento durante la noche", denunció en redes sociales, donde su cuenta @CossetteOficial ha sido un foco de debate público.
El contexto electoral en Honduras se ha tornado tenso. Las elecciones del 30 de noviembre elegirán al nuevo presidente, diputados al Congreso Nacional y miembros del Parlamento Centroamericano, en un escenario marcado por la polarización entre el oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre) y la oposición fragmentada. Observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, han insistido en la necesidad de un padrón "limpio y confiable" para evitar cuestionamientos a los resultados. Sin embargo, el CNE ha enfrentado críticas por fallos en el simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), realizado el 9 de noviembre, donde solo se transmitieron el 35.7% de las actas esperadas.
Reacciones no se han hecho esperar. La oposición, liderada por figuras como Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha respaldado la denuncia de López, calificándola de "llamado de alerta para salvar la democracia". En redes sociales, usuarios y analistas han viralizado la noticia, con hashtags como #TransparenciaElectoral y #EleccionesLimpias ganando tracción. Por su parte, el oficialismo ha minimizado las acusaciones, atribuyéndolas a "maniobras dilatorias" de la oposición, aunque no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de actualización del censo.
Desde el CNE, la presidenta Ana Paola Hall ha prometido "acciones inmediatas" para atender la petición, pero hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado el envío de las comunicaciones requeridas. Expertos en derecho electoral advierten que, de no depurarse el padrón a tiempo, podrían surgir impugnaciones masivas postelectorales, similar a lo ocurrido en las primarias de marzo de 2025, donde se detectaron 928 actas ingresadas sin dirección IP al TREP.
Con más de 6 millones de electores inscritos, Honduras se encuentra en un momento crítico. La denuncia de López no solo expone fallas técnicas, sino un posible riesgo sistémico que podría erosionar la confianza ciudadana en las urnas. A tres días del sufragio, la pregunta que flota en el aire es si el CNE logrará blindar el proceso o si estas sombras empañarán el veredicto del soberano. El pueblo hondureño, convocado a las mesas de votación, espera respuestas concretas antes de que suene el timbre de la democracia.