Rixi Moncada Godoy, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) para las elecciones generales de Honduras en noviembre de 2025, ha posicionado la eliminación de la Central de Riesgos (también conocida como Central de Información Crediticia) como una de sus "propuestas estructurales" clave. Esta iniciativa busca "democratizar la economía" y romper con lo que ella describe como un sistema financiero "usurero y excluyente" controlado por una oligarquía de unos 25 grupos económicos dominantes. Moncada argumenta que más de 2.1 millones de hondureños están registrados en esta base de datos como "delincuentes financieros", lo que les impide acceder a créditos formales, perpetuando la pobreza y la exclusión social. Su promesa es clara: a partir del 27 de enero de 2026 (poco después de la toma de posesión presidencial), todos los hondureños saldrían de la central de riesgos, convirtiéndose automáticamente en "sujetos de crédito" sin restricciones por historiales negativos.
La propuesta se enmarca en un discurso más amplio de "refundación" económica, inspirado en el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro (también de Libre), donde Moncada sirvió como ministra de Finanzas. Incluye reformas para reducir tasas de interés, eliminar monopolios en el sector bancario y gravar impuestos a grandes empresas evasoras. Moncada ha reiterado esta idea en múltiples actos de campaña: en Trujillo (Colón) el 14 de septiembre de 2025, donde criticó el "acaparamiento económico"; en San Lorenzo (Valle) el 20 de septiembre; en Choluteca el 21 de septiembre; y en Ocotepeque el 11 de octubre, donde la vinculó directamente a la "lucha contra el despojo histórico". En un mitin reciente, afirmó: "El único riesgo real de este pueblo son esos dos candidatos mojigatos [refiriéndose a opositores] y a ellos los vamos a detener en las urnas".
Esta central de riesgos es un mecanismo regulado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que recopila datos sobre el comportamiento crediticio de individuos y empresas para mitigar fraudes y proteger depósitos de ahorrantes. Fue creada en los años 90 como parte de reformas neoliberales para estabilizar el sistema financiero post-crisis.
Argumentos a Favor: Justicia Social y Democratización Económica
Moncada y sus defensores en Libre presentan la propuesta como un acto de equidad redistributiva, no como una eliminación total del sistema, sino como una "reforma profunda" para eliminar registros negativos indefinidos y fomentar inclusión financiera. Algunos puntos clave:
- Inclusión para los marginados: Afecta a sectores populares como maestros, agricultores y microempresarios, que representan el 70% de la población excluida del crédito formal. Moncada lo ve como "justicia financiera", alineado con el "socialismo democrático" del partido.
- Crítica al sistema actual: Acusa a la banca privada de prestar al 3% a elites mientras cobra hasta 30% a los pobres, fomentando oligopolios. Propone tasas bajas (alrededor del 8%) y créditos estatales accesibles.
- Apoyo de analistas afines: El analista político Héctor Soto la respaldó el 17 de septiembre, afirmando: "Salir de la central de riesgo no es populismo, es justicia financiera. No se trata de favores, sino de reajustar las relaciones de poder que excluyen a los pobres". El comisionado de la CNBS, Roy Sánchez, aclaró en un debate televisivo el 16 de septiembre que la idea ha sido "malinterpretada" y que se trata de reformas para romper exclusiones, no de un borrón total irresponsable. Sectores sociales, como docentes en Tegucigalpa (17 de septiembre), la aplaudieron por combatir la "usura oligárquica".
En redes sociales, simpatizantes de Libre como @nanci123guzman (12 de octubre) y @RzJaru (12 de octubre) la promocionan como una herramienta contra la "marginación del pueblo". El canal oficial @RixiPresidenta acumula miles de interacciones en posts sobre el tema, con videos de discursos que suman más de 20,000 vistas.
Argumentos en Contra: Populismo y Riesgos Económicos
La propuesta ha desatado un fuerte debate, con críticas que la tildan de "populismo disfrazado de justicia social", especialmente de economistas, empresarios y opositores. Según un estudio de la Red Hondureña de Economistas y Finanzas (REHEF), publicado el 15 de octubre de 2025, eliminar la central no resuelve la exclusión, sino que amenaza la estabilidad financiera, reduce la confianza de inversionistas y aumenta el riesgo para ahorrantes. Principales objeciones:
- Caos en el sistema financiero: Economista Dustin U. Santos (16 de septiembre) advirtió que ocultar datos de riesgo incrementa la incertidumbre, eleva tasas de interés para todos y podría colapsar el crédito formal, afectando a 8 millones de depósitos. El expresidente de la CNBS, José Luis Moncada (11 de septiembre), la llamó "irresponsable" y "error conceptual": "Es politizar un mecanismo técnico que protege a los hondureños. Si no entiende, le explico con gráficos".
- Impacto macroeconómico: Empresario Eduardo Facussé (17 de septiembre) urgió "reformas equilibradas" en lugar de "demagogia política" que ponga en riesgo capitales de ahorrantes. Abogado Gustavo León-Gómez (13 de septiembre) comparó: "Es como dar libertades ilimitadas a adolescentes por simpatía temporal; efectos funestos a largo plazo". El candidato liberal Rashid Mejía ironizó: "Rixi, que buscaba el PIB en Google, no sabe cómo funciona la central".
- Ejemplos históricos: Críticos citan Ecuador (2012), donde una ley similar bajo Rafael Correa eliminó burós de crédito pero generó inflación crediticia y crisis bancaria posterior. En Honduras, opositores como el Partido Nacional (PN) y Salvador Nasralla la ven como "cortina de humo" para desviar atención de escándalos en Libre, como el fondo social de Isis Cuéllar.
En X, usuarios como @AbrahamPonce02 (27 de septiembre) la califica de "estúpida" y "populismo barato", con 374 likes, mientras @oscarlestrada (15 de julio) critica el rechazo de Moncada a debates públicos como "evasión de rendición de cuentas". El post de @ADNoticias3 (15 de octubre) sobre el estudio de REHEF resume: "Populismo financiero disfrazado de justicia social".
| Aspecto | A Favor (Justicia Social) | En Contra (Populismo) |
|---|---|---|
| Impacto en Población | Inclusión inmediata para 2M+ excluidos; reduce pobreza. | Aumenta morosidad; bancos restringen créditos a todos. |
| Económico | Democratiza crédito; baja tasas vía competencia estatal. | Desestabiliza sistema; fuga de inversión extranjera. |
| Ejemplos | Reformas en Ecuador (inicialmente inclusivas). | Crisis post-reformas en América Latina; riesgos en Honduras. |
| Apoyo | Analistas progresistas, sectores populares (Libre). | Economistas, CNBS, empresarios (Facussé, Santos). |
Contexto Político y Evolución del Debate
El anuncio inicial fue el 10 de septiembre de 2025 en un acto en Tegucigalpa, donde Moncada lo ligó a la lucha contra el "bipartidismo corrupto". Desde entonces, ha sido central en su campaña, con al menos 10 menciones públicas. El debate se intensificó en programas como Frente a Frente (Canal 5, 16 de septiembre), donde expertos como Nancy Ochoa (UNAH) aclararon malentendidos, pero advirtieron contra interpretaciones radicales.
Opositores como el PN (5 de julio) y PL (Jorge Cálix) usan esto para atacar a Libre por "intromisión en justicia" y "radicalismo antiempresarial", citando declaraciones de Moncada como: "La gente está pobre porque un sistema injusto lo maniobra diez familias" (10 de junio). Simpatizantes responden que es "revolución popular" contra la corrupción, alineada con la CICIH (bloqueada por oposición).
Hasta el 15 de octubre de 2025, no hay avances legislativos, pero requeriría reformas en el Congreso (donde Libre tiene mayoría relativa). Encuestas preliminares (Proceso Digital) muestran que el 45% de votantes populares apoya la idea, pero solo 20% de clases medias/altas, polarizando el electorado.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
Si implementada, podría impulsar consumo corto plazo (hasta 5% PIB vía créditos accesibles), pero riesgos incluyen hiperinflación crediticia (estimada en 10-15% anual por REHEF) y downgrade soberano. Alternativas sugeridas: reformas graduales, como límites a registros negativos (5 años máx.) y fondos de garantía estatal. El debate refleja tensiones hondureñas: equidad vs. estabilidad en un país con 60% pobreza y deuda externa de $12B.