El juez Plinio Consuegra fue suspendido temporalmente de su cargo por un período de tres meses, según información de medios hondureños, debido a presuntas irregularidades en la audiencia inicial del caso contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y otros dos exjerarcas militares, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, acusados por el homicidio de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009. Consuegra, quien dictó arresto domiciliario a los acusados, calificó la sanción como "ilegal" e "inconstitucional", denunciando que viola su derecho a laborar y que podría haber motivaciones políticas detrás de la decisión.
Sanción contra Consuegra: La suspensión se basa en supuestos "yerros jurídicos" y "actuaciones contrarias a la administración de justicia" durante la audiencia inicial en enero de 2025. Inicialmente, se recomendó una suspensión de 8 días, pero la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), liderada por Rebeca Ráquel Obando, la extendió a tres meses, lo que Consuegra considera desproporcionado.
Denuncia de Consuegra: El juez, con 18 años de carrera judicial, sostiene que su actuación fue legal y que la medida de arresto domiciliario se basó en el principio de presunción de inocencia, ya que no había pruebas contundentes para ordenar prisión preventiva. Afirmó que "el último recurso del juez debe ser la cárcel" y que la sanción es un intento de despido injustificado, posiblemente motivado por intereses políticos. Consuegra también señaló que otros jueces temían llevar el caso de Vásquez debido a su sensibilidad.
Contexto del caso de Romeo Vásquez: Los exmilitares fueron acusados por el Ministerio Público (MP) por hechos ocurridos en 2009, durante una protesta en el Aeropuerto Toncontín, donde murió Isy Obed Murillo. Consuegra dictó auto de formal procesamiento con arresto domiciliario el 12 de enero de 2025, pero la Corte de Apelaciones revocó esta medida, ordenando prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara. Vásquez permanece prófugo, con una recompensa de dos millones de lempiras por información sobre su paradero.
Reacciones y apelaciones: La defensa de Vásquez y el MP presentaron recursos de apelación contra la decisión inicial de Consuegra, lo que suspendió la audiencia preliminar programada para el 27 de enero de 2025. El MP buscaba cambiar los cargos de homicidio a asesinato y revocar el arresto domiciliario por prisión preventiva.
Denuncias de injerencia: Consuegra denunció posibles injerencias de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, afirmando que personas solicitaron copias del expediente alegando órdenes de ella, aunque no hubo comunicación oficial al respecto. También criticó a la supervisora de Tribunales, Sandra Rodríguez, acusándola de prevaricato por abrir el expediente en su contra.
