La operación de deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos. Eso es lo que prometió Donald Trump durante su campaña y en el discurso de inauguración de su segundo mandato.
Quedó claro que sus duras políticas migratorias no solo están dirigidas contra los migrantes que llegan a la frontera sur, a veces en caravanas, sino también contra los inmigrantes sin estatus migratorio legal que ya viven en suelo estadounidense.
Y para ayudar a que su expulsión de EE.UU. sea amplia, su administración ha puesto los ojos en una ley del siglo XVIII creada en tiempos de guerra: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act).
"Nuestro gobierno no protege a nuestros ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero sí brinda refugio y protección a criminales peligrosos que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo", dijo Trump en su discurso inaugural.
"Se detendrá toda entrada irregular a EE. UU. Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país", añadió al tiempo que mencionaba la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Esta norma de 227 años de antigüedad otorga a los presidentes la autoridad para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que su nación está en guerra. Es decir, naciones con las que EE.UU. mantenga hostilidades reales.
La ley es conocida por su papel en el encarcelamiento de alemanes, italianos y japoneses que vivían en EE.UU. Más de 30.000 de estos ciudadanos extranjeros pasaron la guerra presos en campos de internamiento, porque el gobierno los consideraba potencialmente peligrosos.
Pero aunque Trump lleve meses planeando con sus asesores como cumplir con sus promesa de llevar a cabo esta ofensiva sin precedentes contra la inmigración legal e ilegal, de momento no ha invocado la norma formalmente, por más que la nombre en discursos y entrevistas.
Consecuencias
Si decide a utilizarla en lugar de la ley de inmigración existente, "la Alien Enemies Act daría al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad", le explica a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón.
El vicepresidente JD Vance declaró que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
"La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración", dice Tichenor.
Al eliminar el proceso legal y las apelaciones a las que pueden acudir los inmigrantes, se reducirían los tiempos y permitiría deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump.
"Esta ley permite al presidente discriminar a los inmigrantes en función de su país de ciudadanía o de su lugar de nacimiento, es decir, de su ascendencia. Y, como ha reconocido la Corte Suprema de EE.UU., la discriminación basada en la ascendencia implica las mismas graves preocupaciones que la discriminación basada en la raza", recuerda Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
La abogada cree que los venezolanos en EE.UU. podrían ser el grupo más vulnerable.
"Hay algunos indicios de que podría usarla para ordenar la detención y deportación de todos los venezolanos mayores de 14 años, incluidos los residentes permanentes, que no sean ciudadanos estadounidenses", asegura la investigadora.
Venezolanos, salvadoreños y mexicanos
Pero Yon Ebright admite que es más probable que Trump apunte a los venezolanos "considerados peligrosos" o "considerados miembros del Tren de Aragua", una sangrienta banda de Venezuela que se ha expandido por América Latina y tiene presencia en EE.UU.
Como la Ley de Enemigos Extranjeros no necesita pruebas que determinen si se pertenece o no a la pandilla, "cualquier venezolano podría ser considerado una amenaza y ser objeto de persecución, incluso si no hay una base real para esa acusación", añade la investigadora.
Según las estimaciones más recientes del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, hay aproximadamente unos 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en EE.UU.
Solamente México ya representa más de la mitad de esa cifra, mientras que Centroamérica supone el 15%. Los expertos creen que esto coloca a esas poblaciones en el punto de mira de la ley.
