Oposición hondureña inicia conversaciones para interpelar o someter a juicio político al Fiscal General Johel Zelaya ante riesgos electorales
Tegucigalpa, Honduras – A menos de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, la diputada liberal Maribel Espinoza anunció este lunes que las bancadas de oposición en el Congreso Nacional (CN) han iniciado diálogos para convocar una sesión extraordinaria con el fin de interpelar al Fiscal General, Johel Zelaya, o promover un juicio político en su contra. La iniciativa surge en medio de crecientes tensiones por presuntas acciones del Ministerio Público (MP) que, según la legisladora, buscan boicotear el proceso electoral a favor del partido gobernante, Libertad y Refundación (LIBRE).
Espinoza, abogada y legisladora del Partido Liberal (PL), compartió la información a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), donde enfatizó la necesidad de defender la democracia y el Estado de Derecho desde el Legislativo. "Ya iniciamos las conversaciones entre los diputados de las bancadas del CN, para examinar la posibilidad de convocar a sesión extraordinaria para interpelar al Fiscal General o iniciar proceso para su juicio político. La democracia hondureña y el Estado de Derecho, hoy debe ser defendida desde el pleno del Congreso Nacional", escribió la diputada en un mensaje que rápidamente se viralizó entre opositores y medios locales. En el texto, Espinoza acusa al MP de seguir un "guion de LIBRE" para enjuiciar a autoridades electorales y candidatos, lo que pondría en grave peligro el sufragio y la alternancia en el poder a solo 20 días de los comicios.
Contexto de controversias: Acusaciones mutuas de interferencia electoral
El anuncio de Espinoza se enmarca en un clima preelectoral marcado por denuncias cruzadas de manipulación y politización de la justicia. Zelaya, Fiscal General desde 2022 y designado por el Congreso bajo influencia de LIBRE, ha sido centro de polémicas por su rol en investigaciones que involucran al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En octubre, el fiscal reveló audios que supuestamente implican a la consejera del CNE Cossette López, al diputado Tomás Zambrano y a un militar en un plan para alterar resultados electorales, basado en una denuncia del consejero Marlon Ochoa, afín al oficialismo. Estos audios, difundidos públicamente, han sido cuestionados por juristas por violar la Ley de Intervención de las Comunicaciones, y López presentó una querella contra Zelaya ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 31 de octubre.
Por su parte, la oposición denuncia que el MP, bajo Zelaya, ha impulsado requerimientos fiscales contra figuras clave del proceso electoral, como la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la consejera López, por presuntas irregularidades en la dirección del escrutinio. Además, se han iniciado antejuicios contra magistrados del TJE, como Mario Flores Urrutia y Mirian Barahona, tras aprobar inscripciones de candidatos del PL y el Partido Nacional (PN) que la CSJ declaró inadmisibles. Espinoza argumentó que estas acciones carecen de "verdadero fundamento legal" y solo buscan obtener "ventaja a favor de LIBRE", instando a posponer cualquier proceso penal hasta que asuma el nuevo gobierno postelectoral.
Analistas políticos han cuestionado la imparcialidad de Zelaya, describiéndolo como un "activista político" en lugar de un fiscal neutral, especialmente por su alineación con el oficialismo en un triángulo de poder que incluye al Legislativo y el TJE. La oposición, integrada principalmente por PL y PN, ve en estas movidas un intento de desestabilizar el CNE y el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), lo que podría erosionar la confianza ciudadana en los comicios.
Reacciones y llamado internacional
La declaración de Espinoza ha generado eco inmediato en medios y redes sociales, con medios como El Heraldo, La Prensa y Confidencial Honduras replicándola como un "alto impacto institucional" para exigir rendición de cuentas. Otras voces opositoras, como la diputada del PN María Antonieta Mejía, han expresado disposición a formar un "frente común" contra lo que llaman "narcodictadores" que buscan perpetuarse en el poder. Hasta el momento, no hay respuesta oficial del MP ni de LIBRE, pero el ambiente en el CN se calienta con la proximidad de la fecha límite para la convocatoria de la sesión extraordinaria.
En un giro diplomático, Espinoza exhortó directamente a organismos internacionales a intervenir: "A la OEA, la ONU, EE.UU., la Unión Europea, las misiones de Observación y a la comunidad internacional les exhorto: Como demócratas, con profundos valores democráticos, ustedes saben la realidad de lo que está pasando aquí; no vean hacia al costado ante las atrocidades que está haciendo LIBRE y pidan a este gobierno que responsablemente garantice las elecciones transparentes". Este llamado resuena en un contexto donde la OEA y la UE han desplegado misiones de observación para monitorear los comicios, alertados por riesgos de fraude similares a los de 2017.
Implicaciones para las elecciones 2025
Las elecciones del 30 de noviembre elegirán al presidente, 128 diputados del CN y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en un país polarizado por la gestión de Xiomara Castro y acusaciones de corrupción. La escalada de tensiones podría complicar la logística electoral, especialmente si prospera la interpelación, que requeriría al menos 86 votos en el CN (donde LIBRE tiene mayoría relativa con 50 escaños). Expertos advierten que cualquier juicio político a Zelaya paralizaría al MP en un momento crítico, potencialmente invalidando investigaciones en curso y avivando reclamos de impunidad.
Mientras las bancadas opositoras avanzan en sus diálogos, el pueblo hondureño espera elecciones "limpias y transparentes", como clama Espinoza. La pelota está ahora en el techo del Legislativo y la comunidad global, que observan con atención si Honduras logrará una transición pacífica o sucumbirá a la judicialización de su democracia.