Crisis en el Congreso Nacional: Oposición exige sesión ordinaria el 4 de noviembre para anular la "ilegal" Comisión Permanente
En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones políticas que amenaza con desestabilizar el Poder Legislativo a solo 28 días de las elecciones generales, un grupo de diputadas opositoras, lideradas por la nacionalista Merary Díaz Molina, exigió este sábado la convocatoria inmediata a una sesión ordinaria del Congreso Nacional para el martes 4 de noviembre. La demanda busca contrarrestar la instalación de la Comisión Permanente, calificada como "ilegal" y un "golpe al Estado de Derecho" por la oposición, que argumenta que el período de sesiones ordinarias fue prorrogado por mayoría de diputados.
La controversia estalló tras el cierre oficial de las sesiones ordinarias el 31 de octubre, cuando la Junta Directiva del Congreso, dominada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), designó a nueve diputados propietarios y cuatro suplentes para conformar la Comisión Permanente, órgano que asumirá funciones legislativas durante el receso hasta el 25 de enero de 2026. Entre los miembros figuran figuras clave del oficialismo como Luis Redondo Guifarro (presidente del Congreso), Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith y Osman Danilo Chávez, lo que ha generado acusaciones de un "control absoluto" por parte del gobierno de Xiomara Castro.
Antecedentes: La autoconvocatoria opositora y la prórroga "bloqueada"
La crisis se remonta al 28 de octubre, cuando más de 70 diputados de la oposición –provenientes del Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL), Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros– se autoconvocaron en los bajos del Congreso Nacional, ante el cierre de las instalaciones por parte de la seguridad. En una sesión extraordinaria improvisada bajo una carpa, aprobaron por unanimidad un decreto para prorrogar las sesiones ordinarias del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, con el objetivo explícito de evitar la formación de la Comisión Permanente y garantizar la continuidad del Pleno en temas urgentes, como reformas electorales.
El decreto, firmado por la diputada Fátima Mena como presidenta de la sesión, y por Merary Díaz Molina y Maribel Espinoza como secretarias, invocaba el artículo 207 de la Constitución y el numeral 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, argumentando que la mayoría calificada (más del 50% de los 128 diputados) habilitaba la extensión sin necesidad de consenso con la Junta Directiva. Sin embargo, el documento no fue publicado en La Gaceta, el diario oficial controlado por el Poder Ejecutivo, lo que lo deja en un limbo legal según el oficialismo.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, justificó la instalación de la Comisión Permanente alegando "falta de consensos" con la oposición para aprobar pendientes legislativos, y acusó a los opositores de boicotear sesiones previas. La resolución de la Junta Directiva fue firmada el 31 de octubre y publicada en La Gaceta el 1 de noviembre, entrando en vigencia inmediata.
La voz de Merary Díaz Molina: "Todo acto fuera de la Ley será nulo"
Merary Díaz Molina, diputada suplente por Francisco Morazán del Partido Nacional y abogada con maestría en Derecho Empresarial, ha sido una de las figuras más combativas en esta disputa. En un mensaje difundido en redes sociales y citado por medios locales, Díaz Molina anunció que un grupo de diputadas de distintas bancadas –incluyendo al PN, PL y PSH– envió una nota formal a la Junta Directiva vía electrónica y WhatsApp exigiendo la convocatoria a sesiones ordinarias para el 4 de noviembre.
"¡Convoquen a Sesión ordinaria el martes 4 de noviembre! Diputadas de distintas bancadas hemos enviado nota a la Junta Directiva vía electrónica y por WhatsApp para que se convoque a sesiones ordinarias el martes 4 de noviembre de 2025, en virtud que el periodo de sesiones se prorrogó; La Junta Directiva no podrá ni debe formar la Comisión Permanente, todo acto que ejecuten fuera de la Ley será nulo e implica responsabilidad", escribió Díaz Molina en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde acumula miles de interacciones.
En una entrevista posterior, la legisladora amplió su denuncia: "Luis Redondo y su Junta Directiva dieron un golpe al Poder Legislativo: bloquearon las sesiones, impusieron una Comisión Permanente ilegal en contra del pleno, violaron la Constitución y cometieron delitos contra los poderes del Estado". Díaz Molina también vinculó el episodio a un supuesto "segundo golpe" contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando que la Comisión Permanente busca usurpar funciones para nombrar a la ministra Rixi Moncada como presidenta del CNE en ausencia de acuerdos, facilitando un "robo electoral" similar a Venezuela.
Otras diputadas opositoras, como Maribel Espinoza (PL), respaldaron la iniciativa: "El Congreso está en crisis porque Redondo no convoca sesiones. Enviamos carta a la OEA para exponer esta maniobra que socava la democracia". La misiva a la Organización de Estados Americanos (OEA) detalla el plantón opositor y acusa al oficialismo de autoritarismo.
Implicaciones: ¿Un golpe institucional a vísperas de elecciones?
La oposición, que suma alrededor de 74 votos en el hemiciclo de 128 escaños, ve en la Comisión Permanente una herramienta para perpetuar el control de Libre durante el receso, incluyendo nombramientos clave en el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, vitales para las votaciones del 30 de noviembre. Sectores de la sociedad civil y analistas han calificado el episodio como "el inicio de una crisis institucional sin precedentes", con llamados a la intervención internacional.
El oficialismo, por su parte, defiende la legalidad de la Comisión citando la Constitución y acusa a la oposición de "obstruccionismo" para evitar reformas que benefician al pueblo. Mientras tanto, el plantón opositor continúa en los bajos del Congreso, y la sesión del 4 de noviembre podría convertirse en el próximo campo de batalla.
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina –donde se renovarán el 50% de los diputados, la presidencia y alcaldías–, esta pugna no solo paraliza la agenda legislativa, sino que pone en jaque la credibilidad del proceso democrático hondureño. ¿Responderá la Junta Directiva a la convocatoria? ¿O escalará la crisis hacia un enfrentamiento mayor? El martes lo dirá.