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Ampliación del Estado de Excepción en Honduras: Más de 1.000 Días de Medidas Excepcionales Contra la Criminalidad

 



El 29 de septiembre de 2025, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro extendió por vigésimo cuarta vez consecutiva el estado de excepción parcial, una medida decretada originalmente el 6 de diciembre de 2022 para combatir la extorsión, el sicariato y el crimen organizado en zonas de alta incidencia delictiva. Esta prórroga, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-028-2025 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, entrará en vigor a las 6:00 p.m. de ese día y se extenderá hasta las 6:00 p.m. del 12 de noviembre, sumando 45 días adicionales y superando los 1.026 días acumulados de suspensión parcial de garantías constitucionales. La medida abarca 226 de los 298 municipios hondureños, afectando al 90% de la población, y ha sido justificada por las autoridades como esencial para "restablecer el orden público y proteger la vida humana", aunque enfrenta crecientes críticas por su impacto en derechos humanos y cuestionamientos sobre su efectividad real. A continuación, un análisis detallado basado en reportes oficiales, datos independientes y reacciones públicas actualizados al 30 de septiembre de 2025.

Antecedentes: De Medida Temporal a Política Permanente

Inspirada en el régimen de excepción de El Salvador bajo Nayib Bukele, la iniciativa de Castro buscaba inicialmente desarticular maras como la MS-13 y Barrio 18, responsables de extorsiones que asfixian al 11% de los hondureños (frente al 9% en 2022). Implementada en diciembre de 2022 en 158 municipios, se expandió progresivamente a 226, cubriendo ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Cada prórroga (45 días) se aprueba por el Ejecutivo sin ratificación obligatoria del Congreso Nacional, lo que viola el artículo 292 de la Constitución, según opositores y expertos. Hasta agosto de 2025, sumaba 984 días; ahora, con esta extensión, podría prolongarse hasta las elecciones generales de noviembre de 2025, generando temores de uso político para "control social".

PrórrogaFecha de VigenciaDuración Acumulada (días)Municipios CubiertosDecreto Principal
InicialDic 2022 - Ene 202345158PCM-01-2023
23ªAgo 16 - Sep 29, 2025984226PCM-24-2025
24ª (actual)Sep 29 - Nov 12, 20251.026+226PCM-028-2025

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha vaticinado una tasa de homicidios de 20-25 por 100.000 habitantes para fin de 2025, la más baja en dos décadas, atribuible a esta estrategia.

Resultados Reportados: Avances Oficiales vs. Realidad Compleja

Las autoridades destacan "impactos positivos y significativos" en la reducción de la violencia. Según la Secretaría de Seguridad, el estado de excepción ha permitido operativos intensivos con Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Público, enfocados en extorsión, tráfico de drogas y armas. Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación de la Secretaría, enfatizó que la extensión "facultará aumentar las cifras de detenidos por extorsión, armas decomisadas y bajar la incidencia delictiva".

IndicadorTotales Reportados (Dic 2022 - Sep 2025)Detalles
Detenciones por extorsión y conexos5.069Incluye sicariato y amenazas; 150 bandas desarticuladas.
Detenciones por otros delitos79.417Robos, secuestros, tráfico de drogas.
Órdenes de captura ejecutadas22.49737 extraditados a EE.UU. por narcotráfico.
Armas decomisadas18.840Incremento significativo; 44.635 lb de marihuana y 12.443 kg de cocaína incautados en 2025.
Allanamientos63.000+Focalizados en barrios controlados por maras.
Reducción de homicidios-14% vs. 202493 municipios con cero homicidios en 2025 (31% del total); tasa proyectada: 20-25/100.000 hab.

Estos datos, presentados en conferencias del 27-28 de septiembre, se basan en el Sistema Nacional de Estadísticas 911 y reportes policiales. Sin embargo, el Observatorio de la Violencia de la UNAH registra 11.294 muertes violentas entre 2023 y julio de 2025, con 10-13 homicidios diarios persistentes, cuestionando la sostenibilidad de los logros.

Críticas y Violaciones a Derechos Humanos: Un Costo Elevado

Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), Cristosal y la OACNUDH denuncian que la medida se ha convertido en un "eterno estado de excepción" que fomenta abusos. Entre diciembre de 2022 y abril de 2025, se recibieron 924 quejas por abusos policiales, incluyendo 86 casos de tortura, tratos crueles y tres desapariciones forzadas investigadas por el Ministerio Público. Solo el 3% de detenciones se vinculan directamente a extorsión, según Cristosal, que alerta sobre un aumento en la tasa de extorsión (de 9% a 11%) y desplazamientos forzados (258 casos en 2023 por Conadeh).

  • Impacto en mujeres y vulnerables: Honduras es "un Estado feminicida", con 177 muertes violentas de mujeres en 2025 (incluyendo femicidios), pese a la medida. El Centro de Derechos de la Mujer (CDM) reporta que la extorsión se expande a familias pobres, cerrando negocios informales y agravando la pobreza.
  • Legalidad y elecciones: Sin aval congressional desde 2023, la prórroga amenaza la "libertad de voto" en noviembre de 2025, según Cristosal. La OACNUDH insta a "reconsiderar medidas excepcionales" y priorizar prevención integral.
  • Comparación regional: A diferencia de El Salvador (69.000 detenciones, pero con "escalada represiva"), en Honduras las extorsiones persisten por falta de frente común político, según criminólogos como Gonzalo Sánchez.

En X, usuarios como @CesiaMejiaHN critican el alineamiento de Castro con regímenes como Venezuela, vinculándolo a la crisis de derechos, mientras @RCVHonduras destaca la impunidad persistente.

Reacciones: Apoyo Gubernamental vs. Oposición y Comunidad Internacional

  • Gobierno: Castro y Sánchez defienden la extensión como "necesaria para la paz", con operativos conjuntos con EE.UU. (DEA, FBI) que han decomisado récords de cocaína. La presidenta rechazó en agosto acusaciones de EE.UU. sobre narcotráfico, destacando decomisos históricos.
  • Oposición: El Partido Salvador de Honduras (PSH) califica la medida de "ilegal" y con "más de 1.000 violaciones a DDHH". Analistas como Fátima Mena la ven como "mecanismo político de control".
  • Internacional: EE.UU. advierte de "crisis democrática" bajo Castro, citando concentración de poder en la familia Zelaya y apoyo a Maduro. La CEPAL reporta a Honduras con la tasa más alta de femicidios en la región (2023). La ONU urge auditorías y enfoque en derechos humanos.

En X, posts como el de @ConfidencialHN resalta la falta de aval congressional, mientras @radioamericahn cita alertas de EE.UU. sobre autoritarismo.

Implicaciones: ¿Seguridad o Autoritarismo?

Aunque los números oficiales muestran avances en detenciones y decomisos, expertos como Nelson Castañeda (ASJ) argumentan que sin políticas preventivas (educación, empleo juvenil), la criminalidad estructural persiste. La extensión hasta noviembre podría influir en elecciones, exacerbando polarización. Analistas predicen que, si no se ratifica en el Congreso, podría judicializarse. Honduras, con una tasa de impunidad del 90%, necesita un "frente común" contra maras, pero el costo humano —desapariciones, torturas y femicidios— plantea un dilema: ¿mano dura o derechos? La Refundación de Castro avanza en infraestructura (como las "Carreteras Democráticas"), pero la seguridad sigue como talón de Aquiles.

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