"Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, va preso", dijo el abogado Enrique Anaya en un programa de la televisión salvadoreña el 3 de junio.
Se refería al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo segundo mandato llevaba meses tachando de inconstitucional.
"Pero usted está hablando y está criticando", le contestó el entrevistador. "Sí y, por supuesto, tengo miedo", admitió Anaya, quien cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional.
Cuatro días después fue detenido, acusado de lavado de dinero. No habían pasado ni tres semanas desde que la policía sacara de su casa a Ruth Eleonora López, otra abogada que ha cuestionado al mandatario y su gobierno, quien está hoy procesada por presunto enriquecimiento ilícito.
Esos arrestos de alto perfil y la salida del país de 40 periodistas y más de una decena de defensores de derechos humanos que alegan temor a correr la misma suerte, sumados a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, han hecho que organismos nacionales e internacionales adviertan de una escalada autoritaria en la nación centroamericana.
Un punto de inflexión en la presión sobre las voces críticas que, según los especialistas consultados por BBC Mundo, tendría que ver con que Bukele se siente respaldado por su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo lo ha alabado sino que lo ha vuelto "imprescindible" para su propia política de deportaciones.
"Cree, con razón, que no va a tener ninguna crítica por parte de esta administración, como sí la tuvo de la de Biden", asegura Enrique Roig, quien fuera subsecretario asistente de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU.
Ni la Fiscalía ni Presidencia han contestado a las numerosas solicitudes de entrevista de BBC Mundo. Pero el 1 de junio, durante su discurso anual ante la nación, el mandatario se dirigió a los medios y les dijo: "¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños por la calle".
Y así pasó a destacar una vez más sus logros en seguridad, los que le han granjeado un arrollador respaldo entre la población, tal como lo siguen mostrando las encuestas.
La más reciente, la del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le otorga una nota del 8,15, aunque también apunta a que casi seis de cada 10 salvadoreños temen sufrir represalias si critican al gobierno.
Detenciones de alto perfil
Dos semanas después de su aprehensión, este lunes el juez decretó detención provisional para Anaya y mandó su caso a instrucción, en un proceso idéntico al de Ruth López.
"¡No me van a callar, un juicio público quiero!", gritó López frente a los medios, antes de comparecer a su audiencia inicial el 4 de junio. Y a la salida, declaró: "Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en el gobierno. Soy inocente, soy una presa política".
Como jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización de derechos humanos Cristosal, la abogada habría denunciado al menos 50 posibles casos durante el gobierno de Bukele.
