Juan López: El Ministerio Público está enviando un teléfono móvil al FBI para un análisis forense especializado, programado para el 4 de mayo de 2025.

DAVID FERNANDO RAUDALES
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Juan López, líder comunitario, concejal municipal de Tocoa por el partido Libre, y coordinador del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), fue asesinado a tiros por un sicario en una motocicleta tras salir de una iglesia. Su activismo se centraba en la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y los ríos Guapinol y San Pedro, oponiéndose al proyecto minero de la empresa Los Pinares, al que acusaba de causar daños ambientales. López tenía medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013, pero estas no evitaron su muerte, lo que ha generado críticas por la inacción del Estado hondureño. Avances en la investigación Análisis forense de teléfonos: El Ministerio Público está enviando un teléfono móvil al FBI para un análisis forense especializado, programado para el 4 de mayo de 2025. Este dispositivo, descrito como "completamente destruido" en un comunicado previo, podría contener información clave para identificar a los autores intelectuales del crimen. Otros diez teléfonos, decomisados en allanamientos en Tocoa y durante la captura de tres sospechosos, están en la fase final de extracción de datos por parte del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El análisis de estos dispositivos busca fortalecer las líneas de investigación.

 Además, el Ministerio Público solicitó asistencia a la Policía Nacional de Costa Rica para analizar estos diez teléfonos con tecnología avanzada, aunque la fecha de recepción por parte de las autoridades costarricenses aún está pendiente. Detenciones y procesos judiciales: Tres personas, Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, fueron procesadas por el delito de asesinato y se encuentran en prisión preventiva en el centro penitenciario Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán. Uno de los imputados solicitó un procedimiento abreviado (aceptar culpabilidad a cambio de una pena reducida), pero el Ministerio Público lo rechazó hasta obtener los resultados de los peritajes de los teléfonos. 

Líneas de investigación: El Ministerio Público está investigando tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen. Una línea de investigación apunta al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por López antes de su muerte por presuntos vínculos con el narcotráfico. El 26 de septiembre de 2024, se realizaron diligencias en la casa de Fúnez para decomisar grabaciones de cámaras de seguridad, lo que lo convierte en un "sujeto de interés". También se investigan posibles conexiones con la empresa Los Pinares y su matriz, Grupo EMCO, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé. El 24 de septiembre de 2024, el Ministerio Público presentó cargos contra Pérez y otros funcionarios por explotación ilegal de recursos naturales y daños al Parque Nacional Montaña de Botaderos. Críticas y demandas Impunidad y falta de protección: Organizaciones como el CMDBCP, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y el Observatorio de Justicia para los Defensores de Guapinol han denunciado la inacción del Estado para desmantelar la estructura criminal detrás del asesinato de López y otros defensores en el Bajo Aguán. 

Critican la falta de implementación de las medidas de protección de la CIDH y exigen una investigación integral que no trate los crímenes de forma aislada. Conexiones con el poder: López había denunciado públicamente la corrupción en el gobierno de Xiomara Castro, incluyendo un video de 2013 que implicaba a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, en reuniones con narcotraficantes. Esto, junto con su oposición al proyecto minero, lo convirtió en un blanco. 

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU han exigido una investigación independiente que examine el rol de empresas y políticos. Contexto regional: Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores ambientales, con 18 asesinatos en 2023 según Global Witness. En el Bajo Aguán, al menos cuatro defensores ligados al movimiento Guapinol han sido asesinados desde 2023, incluyendo a Oquelí Domínguez, Aly Domínguez y Jairo Bonilla

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