Los 85,489,305 lempiras fueron transferidos a las Fuerzas Armadas por el CNE, según un convenio firmado entre ambas partes, para cubrir gastos operativos como alimentación, transporte, combustible, viáticos, telefonía, y otros costos logísticos durante las elecciones primarias.
La solicitud de transferencia fue hecha por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, el 27 de febrero de 2025, a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien también era precandidata presidencial por el partido Libre. La transferencia se ejecutó el 28 de febrero a través del Banco Central de Honduras.
Distribución de los fondos:
Los fondos se asignaron a diferentes ramas de las Fuerzas Armadas:
Fuerza Aérea: 32.2 millones para alimentación y 11.5 millones para un fondo adicional de alimentación.
Fuerza Naval: 12.6 millones.
Estado Mayor Conjunto: 16 millones.
Policía Militar del Orden Público: 12.9 millones.
Otros gastos incluyeron:
Alimentación: 58.2 millones (el mayor desembolso).
Combustible: 5.4 millones en gasolina, 13 millones en diésel.
Viáticos: 336,015 lempiras (Fuerza Aérea).
Telefonía y comunicación: 945,560 lempiras en telefonía celular y 232,865 en alquiler de equipos.
Otros: 423,499 lempiras en productos gráficos, 1.3 millones en lubricantes, y 5.4 millones en repuestos.
Problemas durante las elecciones:
A pesar de los fondos, el proceso de traslado de material electoral fue caótico, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con retrasos de hasta 16 horas en la entrega de maletas electorales a los centros de votación. Esto generó desconfianza ciudadana y críticas hacia las Fuerzas Armadas y el CNE.
Se reportaron casos de maletas electorales sin custodia militar adecuada, buses con solo dos militares a bordo, y centros de votación que no recibieron el material a tiempo.
El CNE y las Fuerzas Armadas se culparon mutuamente. El CNE afirmó que la empresa de transporte contratada, Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L., incumplió al usar buses en lugar de camiones, mientras que la empresa señaló retrasos del CNE en la preparación del material. Las Fuerzas Armadas, por su parte, negaron responsabilidad directa.
Reacciones y críticas:
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, acusó al gobierno y a un sector de las Fuerzas Armadas de un posible boicot para deslegitimar el proceso electoral, sugiriendo una manipulación política.
La analista Julieta Castellanos y el diputado Antonio Rivera Callejas exigieron que el Ministerio Público investigue a las Fuerzas Armadas, argumentando que su rol en la custodia y traslado del material electoral (mandato del artículo 272 de la Constitución) no se cumplió adecuadamente.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU. expresó preocupación por las irregularidades, instando a respetar el papel del CNE y las Fuerzas Armadas, pero señalando que estas afectaron la confianza en el proceso.
Las Fuerzas Armadas, en un comunicado en X, aclararon que los 85 millones no se usaron para contratar transporte electoral, sino para gastos operativos, y reafirmaron su compromiso con la transparencia.
Investigaciones en curso:
El Ministerio Público, a través de la Unidad de Delitos Electorales, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), inició una investigación el 10 de marzo de 2025. Se tomó declaración al general Roosevelt Hernández por la incapacidad de las Fuerzas Armadas en el traslado y custodia del material.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció una investigación especial para determinar incumplimientos en los contratos relacionados con el proceso electoral.
